Una de las últimas resoluciones del Gobierno nacional afecta directamente dos áreas ya vapuleadas durante la gestión libertaria: el medio ambiente y la ciencia y tecnología. De esta forma, no sólo se continúa desfinanciado al sistema universitario público sino que se ponen en riesgo investigaciones clave en materia ambiental dando continuidad a los múltiples recortes que el área atravesó hasta el momento. Una crisis científica y ambiental sin precedentes.
Tras un año de desfinanciamiento y ataques directos al campo científico argentino, el Gobierno nacional publicó el pasado 9 de enero la Resolución 10/2025, que en miras del desarrollo de «ejes estratégicos» al servicio del crecimiento económico, desfinancia programas científicos e investigaciones fundamentales en materia de Ambiente y Ciencias Sociales.
En busca del déficit cero y la reducción del gasto público, el decreto señala que «todas las áreas del Estado nacional deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población».
En esta línea, indica que «esta Jefatura de Gabinete considera necesario llevar a cabo una evaluación exhaustivamente de la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, teniendo en mira los lineamientos previstos en las citadas normas de emergencia». Cabe recordar que el Ministerio, al igual que otras carteras, fue eliminado, aunque se mantuvieron algunos programas, cuya continuidad hoy peligra a la luz de la resolución.
El texto también resalta que se llevará adelante una evaluación de los programas verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, «el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud».
Motosierra y afuera
Todos aquellos programas que no entren en los ejes prioritarios para el Gobierno nacional se darán por finalizados. Entre estos proyectos se encuentran investigaciones sobre medio ambiente, cambio climático y programas que alientan la participación de los jóvenes en la ciencia, entre otros. La decisión tiene el perfil claro del negacionismo ambiental y científico que la gestión libertaria expresó desde el día uno.
También se intensificarán las auditorías y las evaluaciones a cada programa para detectar irregularidades y definir su continuidad.
En total, unos 70 programas científicos y tecnológicos están siendo evaluados, mientras que para otros ya está confirmada su eliminación. Es el caso de Juventudes en Ciencia y Tecnología, un programa orientado a fomentar la participación de jóvenes de entre 16 y 40 años en actividades científicas. El programa contenía varias iniciativas y proyectos que también fueron eliminados, como los Proyectos de fortalecimiento y creación de clubes de ciencia y clubes digitales, como el Club Peñi Antu Mapu en La Pampa, el Club Se-Pa-Ra la Basura en Chaco y el Club Misterios de la Ciencia en Chubut.
La otra iniciativa de este programa, denominada Ciencia por contar, buscaba fomentar la divulgación científica desde la perspectiva de las juventudes, mediante formatos no tradicionales. De acuerdo al análisis del Gobierno nacional, estas actividades presentaban superposiciones con otras desarrolladas en distintas áreas del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su eliminación permitirá un «ahorro» de 72 millones de pesos.
En la misma línea, se eliminaron el Programa de Subsidios Institucionales -que brindaba financiamiento a instituciones no estatales sin fines de lucro dedicadas a la investigación científica y tecnológica-, el Programa de Subsidios Extraordinarios -destinado a cubrir gastos imprevistos en actividades científicas-, los proyectos de Cultura Científica -que desarrollaban actividades para poner en valor la ciencia y la tecnología-.
La resolución también incluye medidas para revisar los convenios suscritos bajo los programas afectados: aquellos vencidos o sin ejecución significativa serán rescindidos o renegociados, y las jurisdicciones involucradas deberán devolver los montos no utilizados más los intereses. De no hacerlo, se iniciarán acciones legales.
Lo que para el círculo del Gobierno nacional implica un ahorro, para buena parte de la comunidad científica representa una pérdida en términos de desarrollo de la investigación nacional. La medida fue repudiada por la comunidad científica y universitaria.

«Destrucción y desfinanciamiento de la ciencia»
Desde principios de la gestión libertaria, el campo científico se encuentra inmerso en un escenario de fuerte ajuste, caracterizado por recortes presupuestarios, olas de despidos, becas canceladas y una campaña de desprestigio de la actividad de miles de científicos e investigadores de todo el país, con el CONICET como el principal blanco de ataque.
Cabe recordar que en el cambio de gestión el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue degradado en Secretaría, la cual actualmente depende de la Jefatura de Gabinete de Ministerios, con Darío Leandro Genua como secretario y Guillermo Francos a cargo de la Jefatura.
De acuerdo a un estudio del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), tan solo durante los primeros cinco meses del año, la ejecución de la Función Ciencia y Tecnología (CyT) del presupuesto nacional cayó un 24,2% en términos reales, en comparación con el mismo periodo de 2023, un recorte que se ubica por encima del promedio de la administración nacional, que se ubica en un 22,8% reales.
«En apenas 6 meses de gestión, y suponiendo una inflación del 4,7 por ciento en mayo, los sueldos CIC-CPA del CONICET han caído un 23 por ciento real, los ingresos de los investigadores y docentes de las Universidades Nacionales un 31,7 por ciento y las remuneraciones del personal del Sistema Nacional de Empleo Público, un 12,2 por ciento», señala el informe.
Esto implica un fuerte recorte en becas (que a mitad de año se redujeron de 1300 a 600), paralización de la obra pública en materia de infraestructura científica en las universidades nacionales, despidos y falta de recursos para la continuidad de proyectos de investigación claves en distintas áreas, en línea con el cimbronazo que vienen atravesando los trabajadores del sector público.
En este contexto, en abril se produjeron renuncias masivas en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), denunciando que el gobierno de Milei lleva adelante un proyecto de destrucción y desfinanciamiento de la ciencia.
«El degradado Ministerio de Ciencia y Tecnología contó por años con dos organismos claves para el desarrollo científico del país. Además del Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación consolidó desde su fundación sus objetivos de financiamiento a la formación de recursos humanos, insumos y equipos para la investigación, la tecnología y la innovación en el país. Perfeccionó el sistema de evaluación de pares, que le brindó el reconocimiento internacional con el que hoy cuenta. El año pasado se gestionaron 3000 proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que involucraron el trabajo de 9000 destacados especialistas en distintas áreas de conocimiento. Ahora, desde hace cuatro meses, con la asunción del actual presidente de la nación, el organismo se encuentra paralizado. Una inacción institucional que no fue morigerada con la designación de la presidenta del organismo, la doctora Alicia Caballero», señala el comunicado.
«A pesar de haber realizado denodados esfuerzos como vocales del directorio, máxima autoridad del organismo, para arbitrar los medios a nuestro alcance en el intento de evitar el desmantelamiento, la parálisis y la destrucción institucional, nos vemos obligados a denunciar la situación de deterioro institucional que corroe los objetivos para los cuales el organismo fue creado, y que cuenta con recursos financieros provistos por organismo internacionales, hasta ahora sin ejecución», concluye.
Sin presupuesto acechan los incendios
En relación a las políticas de medio ambiente, durante el 2024 se vislumbró un panorama similar al de la ciencia y la tecnología. Ya al principio de la gestión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se desjerarquizó y fue absorbido por el Ministerio del Interior. De esta manera, la cartera pasó a formar parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que conduce Daniel Scioli.
De acuerdo a un análisis de FARN con datos de agosto, la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales sufrieron recortes de más del 40% para el primer semestre del 2024. Y proyectaban una caída de hasta un 58% para fin de año de no haber modificaciones.
El documento muestra en detalle las consecuencias del desfinanciamiento en áreas y programas clave relacionados a la administración de Parques Nacionales, el manejo del fuego, la Ley de Bosques y la producción de energías renovables, en un escenario global que remarca la urgencia de sostener las políticas ambientales y un gobierno nacional que marcha en contramano. En una clara postura negacionista del cambio climático, la gestión Milei retiró a la delegación argentina de la Conferencia de Naciones sobre Cambio Climático (COP29) y expresó su oposición al Pacto para el Futuro, que se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Las partidas relacionadas al fuego, por ejemplo, desglosadas en el Manejo del Fuego y Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvieron una fuerte caída de su ejecución en la primera mitad del año: apenas el 26,7% de su presupuesto vigente. Si se compara con el mismo período de los años anteriores, este volumen se encuentra muy lejos del 45%, 70% y 78% ejecutado en 2021, 2022 y 2023. Una situación especialmente preocupante a la luz de los incendios que en las últimas semanas azotaron distintas áreas de la Patagonia.
En la misma línea, registran que la Administración de Parques Nacionales sufrió una caída mayor al 40%. En la tercera modificación presupuestaria que se realizó este año se vio un aumento de $1.909,62 millones del presupuesto destinado a la Administración de Parques Nacionales, lo que implicó un aumento de 5,8% en términos reales, aunque si se considera la inflación acumulada de enero a junio, se aprecia una una disminución del 40,8% del presupuesto en términos reales.
Por otro lado, la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N°26.331) establece que el 0,3% del Presupuesto Nacional debe estar destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo a los datos de los primeros 8 meses del año, este fondo era 18 veces menor a lo que debería. El documento señala, además, que hasta el momento no se ejecutó ni un solo peso para el cumplimiento de esta ley.
Lo mismo sucede con las partidas de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: en la primera mitad del año sólo se utilizó el 2,4% de lo presupuestado en el área, frente a un 21,5% del 2023.
«Estos datos ponen de relieve que el retroceso institucional que implicó disminuir el rango del Ministerio de Ambiente convirtiéndolo en una Subsecretaría alojada en una cartera compartida con Turismo y Deportes se ve agravado en la actualidad por la ausencia de recursos para la articulación de políticas ambientales», sostiene el informe.
Y calcula que «con tan solo el 3% del superávit generado en el primer semestre del 2024, se podrían haber sostenido los montos en términos reales tanto de las partidas ambientales como las destinadas a las energías renovables».
El contexto se agrava a la luz de las condiciones climáticas: el 2023, por ejemplo, fue el año más cálido a nivel mundial desde que se tienen registros en 1850, y marca una tendencia que se va a profundizar en la medida en que no se lleven adelante políticas ambientales acordes.
En 2024 Argentina fue testigo de múltiples incidentes ambientales. Entre diciembre de 2023 y lo que va del 2024, Córdoba, Salta, Jujuy, Buenos Aires, Corrientes y Chubut sufrieron temporales, inundaciones e incendios que dejaron como saldo miles de familias afectadas y daños materiales y ambientales. En la Patagonia se repitió la escena del 2021 con un incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi y luego uno en el Parque Nacional Los Alerces, que entre los dos suman más de 10 mil hectáreas afectadas. La situación es generalizada: según datos del Ministerio del Interior durante 2023 se produjeron alrededor de 2 mil incendios en toda la Argentina, que afectaron a 500 mil hectáreas.
El documento de FARN concluye: «Estas decisiones adoptadas se enmascaran en una vieja falsa promesa, muchas veces repetida, de que exenciones fiscales, desregularización y una baja de estándares en materia ambiental permiten obtener un aumento de la inversión extranjera. Esto va a contramano de toda la evidencia científica y las recomendaciones de los mejores estándares a nivel internacional en materia climática y ambiental. Más aún, los despidos y la eliminación de secretarías y ministerios son el reflejo tangible de un desguace del Estado que busca quebrar el camino institucional trazado en los últimos años, el cual se forjó a partir de construcciones colectivas logradas por el movimiento socioambiental».
Fuente: Por Lola Sánchez El extremo sur de la patagonia