Alredededor de 600 efectivos de la policia iniciaron esta mañana el operativo de desalojo de la Comunidad Diaguita-Kallchaki de Las Pailas, distante a 16 kilómetros de la localidad salteña de Cachi. Si bien tenían autorización para avanzar sobre cuatro hectáreas de una familia «malintencionadamente la jueza mandó el oficio sin delimitar la fracción de la matrícula sobre la cual debian actura judicialmente, avanzaron sobre la comunidad y desalojaron a unas seis familia», señaló un vocero de la comunidad a OriginariosAR.
La órden fue firmada por el juez interino apellido Curutchet, pero la jueza a cargo es María Fernanda Diez Barrantes, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ta Nominación.
Ulises Yanes, autoridad de Las Pailas y Vocal del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) contó a este medio: «Hoy se hizo efectiva esa órden de desalojo firmada hace dos semanas atrás, desestimando todos los escritos que fueron presentados».
«Anunciaron que iban a actuar sobre una parcela donde vive la familia del hermano Agustín Mamaní, que habitan en cuatro hectáreas, pero terminaron desalojando a otros hermanos. Todo ilegal en cuanto al procedimiento», señaló mientras viajaba a territorio a verificar los sucedido y a acompañar a las familias de la comunidad.
La Comunidad diaguita-kallchakí Las Pailas cuenta con la personería jurídica 1131/12 reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y, en el 2.014, fue registrada por la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, aún así, están siendo hostigados por Carolina, Florencia y Oscar Wayar, sobrinos del ex vicegobernador salteño Walter Wayar, que reclaman el territorio como parte de «una herencia familiar», junto a ellos los presiona Sergio Guitián, sobrino de una ex intendente de Cachi.
El 10 de Diciembre del año pasado, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Javier Milei derogó la ley 26.160 que establecía el relevamiento de los territorios indígenas y suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales.
«Esta causa fue iniciada en el año 2010, luego en el año 2013 hubo una sentencia de desalojo y fue frenado por la aplicación de la Ley 26.160 y sus prórrogas.», añadió el referente diaguita.
Y agregó: «El 2 de marzo de 2026, le notificaron a los hermanos que iban a hacer una inspección ocular por parte del juez de paz, donde se iba a constatar si seguía o no la ocupación por parte de la familia. Desde ahí en adelante comenzamos a presentar los escritos correspondientes donde se planteó la preinscripción por parte de la comunidad y fueron rechazados. Tampoco se le reconoció la participación de la comunidad como parte del juicio»
«Se presentaronn las quejas correspondientes y fueron desestimadas. El IPPIS presentó escritos pidiendo lo mismo y tampoco fueron aceptados, la Secretaría de Asuntos Indígenas también presentó otros escritos y tampoco fueron tenidos en cuenta.», detalló.
«Entendiendo que la demanda no una cuestión hacía un particular sino que es una cuestión colectiva al ser parte de una comunidad y se tiene que aplicar el derecho indígena. Y en ese sentido no se abordó y no fueron dadas por válidas las solicitudes», afirmó.
Al cierre de esta nota, siendo las 19.50 horas fuentes de la comunidad nos informaron: «la policia todavia sigue sacando cosas de los hermanos a la ruta».