El Consejo zonal xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, celebro un fallo judicial histórico, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén formulo cargos a Juan Manuel Luis, fundador de Comarsa S.A., director hasta la actualidad; Hector Basilotta, director suplente entre abril de 2014 y enero de 2021; y Federico Ponce, gerente general y responsable técnico de la firma entre principios de 2013 y septiembre de 2016.
La imputación para Luis y Basilotta fue en carácter de coautores y, como partícipe necesario para Ponce, por el delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en concurso real con administración fraudulenta. Además, se le impuso embargos sobre la empresa, sus cuentas personales y el impedimento de salir del país.
La empresa acusada es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa) y la maniobra investigada, que abarca desde 2014 hasta la actualidad sobre un predio ubicado en el parque industrial de Neuquén capital, consiste en haber contaminado el ambiente y puesto en peligro la salud de la población.
Desde la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales se les atribuyó «contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta».
Según la teoría de la Fiscalía, la empresa recibía residuos hidrocarburíferos provenientes de la explotación petrolera y entregaba a la empresa YPF certificados de haber tratado esos residuos y realizado la disposición final, cuando en realidad esos residuos no eran tratados.
«Ante reiteradas denuncias de los vecinos, la empresa presentó un plan para el tratamiento de esos residuos y el traslado de la planta a una nueva sede de tratamiento cerca de la localidad de Añelo», informó el MPF a través de un comunicado.
Ese plan tampoco se respetó y «la planta de parque industrial quedó abandonada, dejando un pasivo ambiental de más de 300.000 m2 de residuos sin tratar», precisaron los fiscales.
Además de acusar a quienes apuntaron como responsables por la maniobra, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González solicitaron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados «hasta cubrir un total de U$7.000.000».
El juez de garantías Mauricio Zabala declaró la causa como compleja y estableció un plazo de investigación de un año.
Además, dictó embargos de bienes y la prohibición de salir del país para los tres imputados.
