En Esquel, una concejal de Unión por la Patria reconoció que no hubo Consulta Previa, Libre e Informada, acompañó el pedido para devolver el expediente a comisión y, minutos después, terminó aportando el voto que el oficialismo necesitaba para aprobar la adjudicación del terreno.
El oficialismo de Esquel necesitaba un voto que no tenía. Y lo encontró en el peronismo.
El Concejo Deliberante aprobó, por siete votos contra tres, la adjudicación de 5.000 metros cuadrados del Parque Tecnológico Industrial a una empresa privada para desarrollar el denominado “Centro Regional de Soluciones Ambientales Integrales”, cuya primera etapa contempla la instalación de un crematorio.
Los seis votos del oficialismo no alcanzaban por sí solos para obtener la mayoría especial requerida. El séptimo voto llegó desde Unión por la Patria: fue el de la concejal Silvana Sánchez Albornoz.
La decisión adquirió especial gravedad porque se produjo frente a integrantes de la histórica Comunidad Mapuche-Tehuelche Nahuelpan, quienes llegaron hasta el recinto para cuestionar que el expediente hubiera avanzado sin una Consulta Previa, Libre e Informada y para advertir sobre los posibles impactos ambientales de un emprendimiento proyectado en cercanías de su territorio.
Pero hubo una circunstancia todavía más difícil de explicar: la propia Sánchez Albornoz reconoció durante el debate que la instancia realizada hasta ese momento con Nahuelpan no podía considerarse una Consulta Previa, Libre e Informada.
Es decir, la concejal que terminaría aportando el voto indispensable para aprobar la adjudicación admitió que uno de los principales procedimientos reclamados por la comunidad todavía no había sido cumplido.
Primero pidió revisar el expediente; después lo aprobó
La contradicción quedó aún más expuesta durante la propia sesión.
El concejal del PJ Martín Escalona, también integrante del bloque peronista, solicitó que el expediente regresara a comisión ante la incorporación de nueva información y la necesidad de continuar con su análisis, señalando falencias en el procedimiento.
La propuesta buscaba frenar la aprobación inmediata y volver a discutir el proyecto junto con la comunidad originaria antes de adoptar una decisión definitiva.
Sánchez Albornoz acompañó esa moción.
Con su voto reconoció, en los hechos, que existían elementos suficientes para que el expediente continuara siendo revisado.
Sin embargo, una vez rechazada la posibilidad de devolverlo a comisión y llegado el momento de votar la ordenanza, cambió el sentido político de aquella posición: acompañó al oficialismo y permitió que el proyecto alcanzara los siete votos necesarios.
No se trató de un voto más.
Juntos por el Cambio contaba con seis adhesiones y necesitaba sumar a un integrante de la oposición para alcanzar la mayoría especial. Sánchez Albornoz fue esa concejal.
Los otros dos integrantes provenientes del espacio peronista votaron en contra y fundamentaron su rechazo al proyecto.
La fotografía política de la sesión fue, entonces, difícil de soslayar: mientras una parte de la oposición pedía más tiempo, mayores garantías ambientales y la participación efectiva de Nahuelpan, una concejal de Unión por la Patria terminó dándole al gobierno municipal el voto que por sí solo no tenía.
“Traidores, entregaron nuestro territorio”: la reacción de Nahuelpan dentro del recinto
La votación no transcurrió en silencio.
Integrantes de la Comunidad Nahuelpan se habían movilizado hasta el Concejo Deliberante para exigir que el expediente no avanzara sin que antes se garantizara su participación.
Llegaron con carteles, reclamaron ser escuchados y cuestionaron que se avanzara con una decisión sobre un emprendimiento lindero a su territorio sin haber realizado previamente la consulta que venían exigiendo.
La tensión creció a medida que avanzaba el debate y terminó desbordando el recinto.
Luego de la aprobación, una de las integrantes de Nahuelpan increpó a los concejales y les gritó “traidores”. También se escucharon acusaciones de “racistas” y expresiones como “no lo van a hacer” y “no pasará”, mientras el presidente del Concejo intentaba restablecer el orden.
La situación obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.
En ese contexto, cada gesto dentro del recinto adquirió peso político. Mientras desde el público se reclamaba frenar el tratamiento y se multiplicaban los gritos, Sánchez Albornoz mantuvo su decisión de acompañar la adjudicación.
Algunas de sus sonrisas durante los cruces fueron recibidas por integrantes de la comunidad como una provocación, en una escena atravesada por el enojo y la sensación de no estar siendo escuchados.
La imagen terminó siendo difícil de separar del resultado: afuera de las bancas, una comunidad reclamando que el proyecto no avanzara; adentro, la mano de una concejal opositora convirtiéndose en el voto que el oficialismo necesitaba.
La gravedad del episodio también debe leerse a la luz de la historia de la propia Comunidad Mapuche-Tehuelche Nahuelpan.
No se trata de un actor recién llegado a una discusión ambiental, sino de una comunidad histórica de la región, atravesada durante décadas por conflictos territoriales, decisiones estatales tomadas sin su participación y una extensa lucha por el reconocimiento y la defensa de sus derechos.
Por eso, para sus integrantes, lo ocurrido en el Concejo no fue un episodio aislado. Se inscribe en una historia mucho más larga de reclamos, postergaciones y decisiones adoptadas desde afuera sobre territorios y formas de vida que los afectan directamente.
Que, una vez más, una iniciativa avance mientras la comunidad sostiene que no fue debidamente consultada reactualiza una herida política e histórica que en Nahuelpan tiene décadas.
Seis meses antes había denunciado un “desastre ambiental” en Nahuelpan
Existe, además, un antecedente que vuelve todavía más llamativo el cambio de posición.
El 1 de abril de este año, Sánchez Albornoz había recorrido junto a otros concejales los campos de la Comunidad Nahuelpan afectados por la dispersión de residuos provenientes de la planta de tratamiento de Esquel.
Después de esa visita, describió públicamente la situación como un “desastre ambiental” y reclamó medidas urgentes de mitigación y restauración.
También advirtió sobre residuos dispersos en campos productivos y sobre el riesgo que esa contaminación implicaba para los animales de la comunidad.
Desde el bloque de Unión por la Patria se había sostenido entonces que Nahuelpan no podía continuar soportando el daño ambiental y se reclamaron respuestas al Ejecutivo municipal.
Semanas antes, los derechos de las niñeces indígenas estaban en otro discurso
El contraste sumó todavía más tensión dentro de la comunidad.
Apenas unas semanas antes, Sánchez Albornoz había participado de actividades vinculadas con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas, en el marco de las jornadas sobre acceso a la Justicia que se desarrollaron en Esquel y Nahuelpan.
En medio de los reclamos dentro del recinto, integrantes de Nahuelpan acusaron a la concejal de sostener una defensa selectiva de las infancias indígenas y expresaron, en términos muy duros, que pareciera que “los niños y las niñas que le importan son los blancos”.
Taccetta agradeció especialmente el acompañamiento
El propio intendente Matías Taccetta dejó en evidencia la relevancia del voto.
Después de la sesión, celebró públicamente la aprobación y agradeció especialmente a Sánchez Albornoz por haber acompañado la iniciativa.
No hizo falta demasiada interpretación: sin ese voto opositor, el oficialismo no alcanzaba la mayoría especial requerida.
Una cosa es perder una votación frente a una mayoría oficialista y otra muy distinta es constituirse en el voto necesario para que esa mayoría pueda existir.
El voto también volvió a poner bajo la lupa los alineamientos políticos de la concejal peronista de Esquel.
Sánchez Albornoz llegó a su banca encabezando, en 2023, la lista de concejales de Santiago Igón, referente de La Cámpora.
A su vez, también responde políticamente al abogado Ricardo Gerosa Lewis, una figura de peso en la vida institucional de Esquel e históricamente vinculada a la Cooperativa 16 de Octubre.
La entidad atraviesa desde hace tiempo distintas controversias judiciales, institucionales y económicas que han puesto bajo discusión decisiones de su conducción y su funcionamiento, en un contexto especialmente sensible para los vecinos de Esquel y la región.
Un voto que deja preguntas abiertas
Lo ocurrido en el Concejo Deliberante de Esquel deja, más allá de la aprobación de la adjudicación, una serie de preguntas políticas que difícilmente puedan ser ignoradas.
¿Por qué avanzar con un proyecto cuando la propia concejal que terminó aportando el voto decisivo reconoció que no se había realizado una Consulta Previa, Libre e Informada?
¿Por qué acompañar la adjudicación después de haber apoyado el pedido para devolver el expediente a comisión?
Y, fundamentalmente, ¿qué lugar ocupa hoy la defensa del territorio y de los derechos de la Comunidad Nahuelpan cuando se toman decisiones que pueden afectarla directamente?
El resultado de la votación fue concreto: siete votos contra tres y un proyecto que avanzó gracias a un voto proveniente de la oposición peronista.
Para Nahuelpan, en cambio, la discusión no terminó con una votación.