El Gobierno avanza con el plan de recortes y ajuste en la administración pública nacional y ya se registraron nuevos despidos en ministerios.
Este viernes, más de 100 trabajadores del ministerio de Capital Humano fueron notificados por correo electrónico sobre la no renovación de sus contratos, los cuales expiran el próximo 30 de septiembre.
Esta medida es parte de la política estatal que busca reducir el personal en diversas dependencias, siguiendo lo que el presidente Javier Milei denominó su «plan motosierra».
Si bien las primeras notificaciones llegaron al ministerio de Capital Humano, donde varias áreas, incluidas las vinculadas a la secretaría de Cultura, están siendo reestructuradas o eliminadas, los gremios estatales anticipan que este recorte podría extenderse a otras dependencias.
La Superintendencia de Servicios de Salud y otros sectores de la administración centralizada también estarían en la mira para nuevas reducciones de personal.
En total, son 65 mil los trabajadores cuyos contratos vencen el 30 de septiembre y que están en riesgo de perder sus empleos. Esta cifra generó preocupación entre los gremios, que temen una nueva ola de despidos masivos en el sector público.
Durante una conferencia de prensa reciente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el Gobierno revisa trimestralmente los contratos. “Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso”, aseguró el funcionario. Sin embargo, no se brindaron detalles específicos sobre cuántos contratos no serán renovados.
Desde la asunción de Milei hasta julio de este año se contabilizaron más 30.000 despidos en toda la Administración Pública Nacional y en las empresas del Estado. Según el Monitor de desempleo de ATE, a fines de marzo 11.713 estatales fueron echados, una cifra que ascendió a 30.936 en julio. La mayoría en los ministerios de Capital Humano, Economía, Salud y Jefatura de Gabinete. A principios de este año, el Presidente anticipó que los despidos llegarían a 70.000.
Otra de las secretarías atacadas es la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; allí se contabilizaron 30 despidos, sobre todo en las delegaciones de provincias, donde el impacto es mayor por tratarse de lugares de trabajo más pequeños. Las despedidas eran personas que se dedicaban a la fiscalización del trabajo no registrado y a la supervisión de programas de empleo, además del fomento a la formalización laboral. “La mayoría son de las oficinas de la secretaría en el territorio, en cada una de las provincias y compromete la inserción territorial, afecta directamente a las políticas de fiscalización del trabajo”, dijo Daniela Frencia, delegada gremial en Trabajo. Además, allí también despidieron a personas trans, que habían sido contratadas a través de la Ley de Cupo Laboral Trans que obliga al Estado a que el 1% del personal sea de ese comunidad.
Los próximos días serán de tensión en los diversos organismos del Estado Nacional, ya que el 30 de septiembre se vencen 65.000 contratos trimestrales y el Gobierno ya anticipó que serán revisados. “Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso”, expuso el vocero presidencia Manuel Adorni.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también sufrió varias bajas, alrededor de 80 trabajadores fueron notificados de sus despidos a principio de esta semana. Algunos de ellas trabajan en sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura, como la ex ESMA, el Club Atlético o el Hospital Posadas. Son sitios de memoria cuya conservación tiene una función pedagógica, pero también tiene un rol importante para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Además, echaron a psicólogas y personal que se encargaba de cumplir con las leyes reparatorias. El Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex Esma, también fue afectado.