Los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón, ejecutores de los disparos que mataron al joven mapuche de 22 años, Rafael Nahuel, e hirieron a un par de jóvenes más, están acusados de ser coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa; sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es querellante en la causa, busca probar que se trató de un homicidio calificado. También intenta demostrar que no se trató de un hecho de legítima defensa, sino que lo ocurrido fue un crimen en manos de los uniformados.

El juicio que se está desarrollando en el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, a 500 kilómetros de donde sucedieron los hechos, se realiza los martes y miércoles y se prevé que testificarán unas 90 personas en las audiencias que comenzaron el 15 de agosto y seguirán durante varias semanas.

La causa caratulada “Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada”  lleva el número de expediente "FGR 027423/2017", y tiene procesados al cabo primero Cavia por “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” y a los otros cuatro prefectos como “partícipes necesarios” del terrible hecho que le costó la vida al joven mapuche. La responsable política de la represión fue Patricia Bullrich.

El querellante es Alejandro Nahuel, padre del joven asesinado, y la familia mapuche tiene como abogados a Ruben Marigo y Ezequiel Palavecino, miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Un Juicio Que Comenzó A Los Ponchazos

Palavecino señaló a Originarios.ar que "lo primero que se planteó en la primera audiencia de debate en el juicio y fue rechazado por tercera vez, es la incomodidad para la familia de que no se haga en Bariloche, que es lo más importante porque son las víctimas del asesinato de Rafael".

A su vez, el letrado señaló que el hecho de que las audiencias se realicen a mitad de semana "genera que la familia, y  nosotros, tengamos que irnos el lunes para estar el martes, y volver el jueves”, a la comarca andina, distante a unos 500 kilómetros.

“Es un juicio que se va llevando con varias dificultades técnicas de conectividad y de publicidad, en una sala pequeña, lo que imposibilita que mucha gente pueda participar de las audiencias", añadió.

Respecto a la difusión, Palavecino indicó que el tribunal había asegurado la transmisión en directo de las audiencias por su canal de youtube, pero "lo está haciendo en diferido porque se están dando ahora las declaraciones testimoniales, las indagatorias, que son los relatos, los testimonios de la gente que estuvo en el hecho o en el lugar del hecho".

A Rafael lo mató Prefectura Naval Argentina por la espalda

El día del asesinato los prefectos acusados del grupo de élite Albatros. que iban armados con pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5, se toparon con integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, territorio adentro, y según se desprende de la instrucción de la causa, "tras dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo. En total realizaron 130 disparos".

Ezequiel Palavecino, recordó que en aquel procedimiento también fueron heridos dos miembros de la comunidad, y que se recogieron en el lugar 130 proyectiles "lo que demuestra la falta total del enfrentamiento invocado para justificar el asesinato". Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5, que ingresó por su glúteo izquierdo.

“Siempre hablamos de que fue una cacería, de que a Rafa lo mataron por la espalda, de que no hubo enfrentamiento, porque dentro del lugar donde Albatros terminó de darle muerte a Rafa, había más de 130 balas. Todas de la Prefectura, no había ninguna otra bala que no fuera de ellos, ni ningún otro rastro que no se correspondiera con algún armamento de los que llevaban", detalló.

Así que "nosotros, los organismos de derechos humanos tenemos bien claro, que cuando viene una fuerza de seguridad a hablar de que hubo un enfrentamiento, y las pruebas solamente arrojan que hubo balas del lado de los que tenían armas, entendemos que es uno más de esos casos",  donde se realiza un montaje de enfrentamiento para tratar de ocultar el fusilamiento a personas desarmadas.

Palavecino informó a originarios.ar que en las audiencias que se realizaron el martes y miércoles de la semana pasada "declararon miembros de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal"  y durante esta semana seguirán declarando integrantes de las mismas fuerzas de seguridad.

El desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu de la zona rionegrina del lago Mascardi en el año 2017, fue dispuesto por el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva y ejecutado por la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad a cargo, en ese entonces, de Patricia Bullrich quien públicamente salió a respaldar a los prefectos con la mentira de que estos "habían sido atacados por mapuches" .