En Jujuy continúan  la marchas, los cortes de ruta y las protestas para que se revoque la reforma constitucional que se aprobó en el fin de semana largo con cambios que establecen la reelección en la gobernación, la prohibición de indultos por corrupción, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta.

En una conferencia de prensa el Fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas; el procurador general, Sebastián Albesa; y el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, señaló que van a buscar que se apliquen los "montos mayores de pena" con el fin de que se "restablezca el clima de paz, de armonía, de progreso".

Miguel Ángel Rivas informó que "se va a embargar patrimonialmente a cada uno de los responsables, a estos delincuentes y violentos. Se le va a reclamar a todos los daños y perjuicios producidos al Estado provincial de manera integral", dijo.

Los delitos que mencionaron van desde estorbo funcional hasta sedición e intento de homicidio, por lo que les caben procesos penales de hasta 25 años de prisión o reclusión. La provincia también buscará el "resarcimiento"  con multas que  que suman unos 2 millones 500 mil pesos, entre lo que cuentan los incendios en la Legislatura provincial, en el Concejo Deliberante de Humahuaca y el impacto en el turismo.  También se llevan adelante procesos contravencionales.

"Se van a llevar los procesos judiciales hasta sus últimas consecuencias", insistió el fiscal jujeño y subrayó que en todos los casos "se va a perseguir a autores materiales, cómplices e instigadores".

Rivas aclaró que la querella que asumirá la Fiscalía será también "en los delitos de instigación entorpecimiento de la libre circulación de personas tránsito y transporte para que los autores materiales, cómplices e instigadores reciban penas de hasta 20 años por privación ilegítima de la libertad agravada, atentado a la autoridad, resistencia, lesiones leves doblemente agravadas y entorpecimiento del servicio esencial de salud”.

Por su parte, el ministro de Seguridad informó que estará a cargo de aportar pruebas mediante la Policía provincial, junto con Bomberos y Criminalística, que se pusieron a disposición. "Para todo tipo de falta contravencional se ha realizado el procedimiento respectivo: escándalos públicos, desórdenes, escándalos y molestias a terceros, omisión de ceder paso a vehículos oficiales, como ambulancias bomberos, reuniones públicas multitudinarias, las disposiciones indebidas de elementos contaminantes y los perjuicios a la propiedad pública y privada", enumeró y aseguró que las imputaciones se llevaron adelante contra personas físicas y jurídicas, identificadas a través de videos, de la prensa, así como de testimonios.

En ese sentido, señaló que “hasta el momento el departamento contravencional ya tiene en su poder más de cien expedientes, una cantidad de 150 personas físicas que ya han sido imputadas. Cinco de ellas ya han sido sentenciadas con multas que van desde los 500 mil pesos hasta los 2 millones de pesos" y aclaró que este tipo de multas pueden ser impuestas una innumerable cantidad de veces, cada vez que se corte una ruta.