Los terratenientes del monocultivo en el norte salteño le pidieron al gobernador Gustavo Sáenz que resuelva los cortes de ruta protagonizados en su mayoría por comunidades indígenas que reclaman agua potable desde hace meses y el gobernador respondió con un decreto que los prohíbe.  Públicamente el Ejecutivo salteño había anunciado que trabajaría en el protocolo de actuación junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El jueves 2 de febrero entró en vigencia en Salta, un protocolo, enmarcado en un decreto provincial, que busca prohibir los cortes de ruta.

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz,ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia la elaboración del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas que entró en vigencia por medio del Decreto Provincial 91/2023 con el objeto de "arbitrar los mecanismos para garantizar la paz social, la defensa de los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier otra vía pública de tránsito"

Mirco Neuenschwander, secretario de la comisión directiva de la comunidad wichí Misión La Loma de Embarcación en el departamento General José de San Martín, señaló que “el decreto 91/23 es violatorio de la constitución nacional porque pretende prohibir el derecho a la protesta que se encuentra en la constitución nacional” y agregó que “nosotros creemos que esta apuntado directamente a los pueblos originarios del norte de salta que llevamos décadas reclamando por agua potable, para nosotros el gobierno provincial ha hecho un negocio rentable con la provisión de agua a través de los camiones cisternas”.

El Decreto Provincial, publicado en el Boletín Oficial, marca que el objetivo es "arbitrar los mecanismos para garantizar los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier vía pública de circulación en la provincia".

Neuenschwander se indignó al conocer que el texto del protocolo que señala que “si los manifestantes pertenecen a comunidades originarias, la autoridad policial procurará la utilización de la lengua o idioma de dicha comunidad". En la provincia se hablan 8 idiomas de poblaciones indígenas como el quechua, guaraní, wichí, aymara, chané, chorote, tapieté y chulupí.

El referente indígena sobre este punto señaló que desde el año 2014 los pueblos indígenas esperan la reglamentación de la ley 7856 que impulsa la creación de una red de apoyo sanitario intercultural destinada a los pueblos originarios de la provincia. Sin embargo, bajo la excusa de no haber reglamentado la ley, la Provincia de Salta no avanzó en su aplicación efectiva. “si esa ley estuviese reglamentada no habrían cortes de las comunidades indígenas reclamando por salud”.

La connivencia del poder económico y político se manifiesta claramente en los considerandos del decreto que señala “Que la economía de las zonas afectadas también se ve gravemente perjudicada, dado que gran parte de las manifestaciones públicas se desarrollan en rutas y caminos por los cuales se transporta la producción, se abastece la industria y el comercio, entre otras actividades”

Los cortes de ruta reclamando agua potable y atención médica son casi permanentes desde el mes de noviembre pasado; el secretario de la comisión directiva de la comunidad wichí Misión La Loma indicó que “el gobierno no tiene políticas públicas para los pueblos originarios, sin embargo permanentemente recibe subsidios para afrontar la crisis socio sanitaria que nos afecta, pero esos recursos no los vemos en las comunidades”, expresó el referente Wichi.