La comunidad sigue defendiendo su territorio a pesar de los atropellos a sus derechos como pueblos indígenas  que vienen sobrellevando  con mucho pesar, desde que el gobierno les usurpó la cancha y luego les  expropió parte  del territorio donde vive la familia Cruz Moyoja. El gobierno justifica su accionar aduciendo que construirá una escuela en donde era la cancha, cuando la comunidad ya había cedido otro espacio para la edificación del edificio escolar.  A la vez decidió expropiar a la familia Cruz Moyoja con la excusa de hacer una cancha.  La expropiación, es un desalojo encubierto con leyes provinciales que no respetan la ley 26160 donde ningún integrante de ninguna comunidad de Argentina puede ser desalojado. Sin embargo el gobierno procedió a expropiar  enviando máquinas y obreros que fueron destruyendo  árboles frutales, cultivos y pasturas; ahora se agrega la destrucción  de un sitio arqueológico.  Los integrantes de la comunidad apenas detectaron los pozos  hicieron la denuncia  para hacer parar la obra “estoy preocupada, logramos sacar las máquinas del terreno expropiado” manifestó Apaza.

El domingo pasado,  integrantes de la comunidad vieron evidencias de restos arqueológicos, unos  pozos circulares prehispánicos,   la  presidenta expresó que  uno de  los hijos de la señora  - familia que resisten al desalojo-   vieron que donde estaban trabajando las máquinas, habían unos  agujeros e hicieron la denuncia correspondiente a la policía para que se preserve el lugar ya que es parte de la historia de la comunidad.

También desmintió  las publicaciones que hicieron algunos medios y redes sociales, donde mencionaban que autoridades del gobierno descubrieron  el sitio. Apaza manifestó “quiero poner en claro que  yo como comunera puse la denuncia de los antigales que descubrimos ahí y aparentemente según los comentarios públicos que hacen, que sacan por Facebook, esta como que ellos han descubierto, han dado a conocer, es mentira… ”

También agregó que verificaron en el terreno que  no sólo había pozos sino huellas al costado, ellos como comunidad hicieron la denuncia, “fuimos a inmediatamente nosotros a verificar, era cierto, que era verdad que era un antigal y  había no solo ese pozo, sino había  montones que estaba huellas al costado. Yo no tarde nada  y fuimos a la policía e hicimos la denuncia nosotros y por nosotros salieron esa gente”.  Agregando que gracias a la denuncia se logró parar las máquinas y que dejaran de destruir el sitio con los trabajos que venían haciendo los obreros.  

También remarcaron que cuando llegaron funcionarios del gobierno al terreno donde estaban los vestigios arqueológicos, no pidieron permiso a la comunidad. Esto quedo expresado en el acta comunal que confeccionaron el veinticuatro de enero,   en el mismo mencionaban  que  estando en la finca Santa Rosa a orillas de la calle Antiguo Callejón y con los relatos de los miembros de la comunidad,  se denunciaba que  “llegaron a Caspala funcionarios del estado provincial, que estaban siendo apoyados por la infantería y policías ingresaron con aproximadamente veinte  efectivos por la entrada de Charcomal, sin permiso de la familia Cruz, Chapor. Luego los funcionarios fueron interceptados por Ramona Chapor y la presidenta de la comunidad Lucía Apaza, y les comunicaron a los funcionarios del estado provincial que no pueden ingresar sin permiso de Pablo Cruz.  También le dijeron que no pueden tocar, ni inspeccionar el antigal, sin permiso de la comunidad. Sin embargo los funcionarios del estado entraron de nuestros abuelos, investigaron y se llevaron pedazos de ollas de barro, huesos y una piedra redondita”

Estos funcionarios sin  pedir permiso  a la comunidad, rodeados de policías presionaron para que la presidenta de la comunidad firmara un documento “Yo me resistí, no quise que entraran porque no estaba el dueño, porque no me mostraban los papeles, de donde venían. Verbalmente me dijeron que uno era representante de los pueblos indígenas, otro era la jueza, otro era arqueóloga y eran de dos que iban a entrar, pero yo me resistí y por eso al último cuando quisieron hacerme firmar el acta yo dije no” expresó Apaza.

El acta comunal expresa que se les reiteró a los funcionarios que  debían pedir permiso a la comunidad de Caspala, y esperar que llegara Pablo Cruz quién vive en ése lugar, pero   Valentina Millón - Directora provincial del Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Jujuy-  junto a Griselda Caucota y Noelia Lizárraga no escucharon la solicitud de la comunidad.

La comunidad denuncia que no hubo comunicación previa ni formal con la comunidad  y agregaron en el acta que  “violaron nuestros derechos como pueblo indígena articulo 75 inciso 17, 19 y 22 de la constitución nacional, convenio 169 de la OIT y otros”.

La presidenta de la comunidad dijo finalmente a originarios.ar que  “a partir de ahora nadie va a tocar eso, y nosotros vamos a estar custodiando y no tienen por qué decir que ellos lo han descubierto o que los maquinistas lo han descubierto, así que por favor que esto quede claro”.

 Los daños al territorio de la Comunidad de Caspala son graves,  no sólo a sus sitios arqueológicos, andenes de cultivo, destrozo de caminos comunales  sostenido y hecho por  sus antepasados. La destrucción es también a ellos mismos como sujetos vivos, sujetos de derecho ya que  no se cumplen,  ni respetan su integridad como pueblos milenarios en la provincia de Jujuy. Ellos son la memoria viva, la cultura vigente en  éste presente,  es un pueblo  que está siendo avasallado, los espacios simbólicos y físicos que sostienen en la memoria colectiva son destruidos, sin mediar la consulta consentimiento libre previo e informado, las leyes vigentes para el gobierno jujeño son ignoradas en materia de derechos indígenas.