La comunidad Aborigen de Caspala del pueblo coya, ubicada en el departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy ;  sufrió un violento desalojo este martes diez de enero. El desalojo fue realizado  por la policía que presentó una orden judicial sin firmas y decían estar habilitado por un juez Damiano Sebastián de la Cámara Civil y Comercial y Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Feria. El martes procedieron al desalojo sin importar que hubieran mujeres, adultos mayores, niños y adolescentes que  fueron violentados por el cuerpo policial que mediante amenazas coaccionaron para que ingresaran al domicilio de la familia Cruz Moyoja, con máquinas de vialidad para romper cultivos y árboles frutales, generando en los habitantes descompensaciones, llantos y dolor por tanto maltrato al pueblo coya.

Desde el 18 de noviembre del año pasado el gobierno de Jujuy, viene actuando de  modo violento contra los habitantes de la comunidad Aborigen de Caspala. Y en el mes de diciembre fueron ingresando al pueblo mayor cantidad de policías para ir intimidando a sus habitantes. El diez de enero el comisionado municipal de Caspala  Natividad Apaza, junto a su hermano Pablo Apaza que oficia como  Juez de Paz,  ingresaron  al territorio comunitario de la familia Cruz Moyoja  acompañados por la policía del cuerpo de infantería y máquinas de vialidad. Mientras ingresaban al territorio comunitario de la familia Moyoja,  iban destruyendo pircas, cultivos, pasturas, árboles frutales y ahuyentando al ganado que estaba en el lugar.  La  violencia continuó cuando los policías junto al juez de paz  se acercaron hacia las mujeres de la comunidad y les obligaron a  que firmen la orden  “aceptando el desalojo”.

Por su parte la Secretaria de Pueblos Indígenas, que supuestamente tiene que velar por los derechos de los pueblos indígenas, actuó en contra, tal es asi que la responsable de ésta secretaría la señora  Sonia Ochoa se encargó de presionar y hostigar  a la presidenta de la Comunidad  Lucía Apaza exigiéndole que les convenciera a  los chicos –  menores de edad-   para que ser retiraran de su hogar y  cedan el lugar para al fin lograr la expropiación. Lucía Apaza expresó a los medios, que se descompenso  y perdió el control, porque no estaba de acuerdo con la exigencia de la señora  Ochoa, además porque ese territorio es parte de la comunidad aborigen de Caspala y no pueden ser desalojados. 

El Juez de Paz de Caspalá estuvo acompañando éste procedimiento ilegal, violatorio de  derechos de los pueblos indígenas, ya que presentaron esa orden judicial  - sin firma -  que expresaba que las 3 hectáreas  “de propiedad de titularidad dominial Moyoja, Daniela o Daniela Genoveva o Genoveva Daniela y/o de quién o quiénes resulten/n ser su/s legítimos propietarios y/o ocupantes, deberán proceder al desalojo en el plazo de diez días de notificado el presente (art. 50 de la Ley N° 3018)”, la fecha de esta orden era del 6 de enero pero la comunidad recién recibía la notificación el diez de enero y ése mismo día eran desalojados.

El gobernador de Jujuy presentó un proyecto de expropiación, que fue aprobado el 2 veintiuno de diciembre  por los diputados  mediante  ley 6329 el cual menciona que “declaraban de interés público y sujeto a expropiación”  del inmueble perteneciente a  la familia Moyoja ubicado en Caspalá y  se menciona también que se “afectará al desarrollo o construcción  de espacios deportivos, recreativos y/o culturales”. Esta ley provincial 6329 es una ley que es violatoria de leyes nacionales e internacionales. Como lo expresa la constitución nacional en su artículo 75 inciso 17 que menciona que el estado reconoce “ la preexistencia étnica cultural de los pueblos indígenas argentinos y  garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”

Por otro lado, tampoco consideraron la ley Nacional 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria la cual ordena al estado a que realicen el relevamiento territorial y mientras tanto “Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” de los pueblos indígenas.

Por lo tanto la ley 3629 es  anticonstitucional,  donde  ni los diputados,  ni el gobernador de Jujuy, han contemplado los marcos normativos que respaldan a los pueblos originarios.

Por otro lado, el gobierno de Jujuy no está respetando la Consulta Consentimiento Libre Previa e Informado (CCPLI) del Convenio 169 de la OIT ratificado en Argentina por ley 27580, donde se menciona que cuando los gobiernos pretenden realizar proyectos que afecten directa o indirectamente a los pueblos indígenas, debe proceder a esta consulta, pero esto tampoco se contempló en Caspala.  

Pablo Cruz Moyoja , secretario de la Comunidad Aborigen Caspala actualmente está internado  con problemas de salud por tanto hostigamiento  que ha sufrido por parte del gobierno  y las amenazas de ser desalojado, y  este martes  su familia, sus hijos adolescentes y menores de edad tuvieron que  vivenciar el desalojo.  Pablo es padre de  familia y defensor de los derechos indígenas de su comunidad,  él  fue entrevistado en el programa radial Ser Protagonista en el mes de diciembre y denunciaba los atropellos que recibían la comunidad  expresando que  el “gobierno provincial no se apersona, no dialoga con la comunidad”. Remarcando también que el  comisionado municipal  tampoco tiene la voluntad de dialogar con la comunidad Aborigen de Caspala. Además mencionó en la entrevista radial que el gobernador  nunca los notificó ni les dijo nada y agregó que  el gobernador Gerardo Morales “siempre dice por los medios que ya hay acuerdo, pero no se hizo consulta libre previa e informada con la comunidad, que nosotros queremos que se haga para nuestra comunidad”.   También manifestó   que ellos viven en territorio de descendencia en descendencia y no son gente de afuera que se fue a vivir por casualidad o por que le gusto vivir en  Caspala, sino que todos son gente que vive desde siempre ahí y que al gobierno no le interesa. Remarcó que como comunidad tienen toda una historia en su territorio “Caspala es una área que muestra los vestigios de los milenios que tiene, porque existen antigales por todos lados, ahora estaban construyendo la última ruta nueva y han destruido muchos antigales. Esos son la muestra de nuestros antepasados, que han vivido en la localidad esta, y no es un asentamiento que no haya nada para decir”. Es fundamental remarcar que Caspala tiene sitios arqueológicos valiosos donde está también trazado el camino  sagrado del inca, Qhapaq ñan.

Pablo Cruz también agregó que el comisionado Natividad Apaza estuvo en estos últimos meses yendo con Humberto García secretario de Tierra y Vivienda, que fueron con policía casa por casa diciendo que estaban haciendo un “relevamiento” y  les hicieron firmar a la gente del pueblo  una declaración jurada.  Y  actualmente  temen que  esas declaraciones sean utilizados para ser desalojados, por eso que  Cruz Moyoja   remarcaba  que las tierras que habitan queden para sus hijos “Nosotros queremos que las tierras queden para nuestros hijos, nosotros no estamos vendiendo, nunca se vendió para turismo, o gente de  afuera, no,   acá no pasa eso, es para la comunidad”.

También expresó que ya estuvieron presentando todos los documentos ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en Buenos Aires,  haciendo los trámites de relevamiento territorial por los títulos de propiedad comunitaria.

En estos días, Pablo Cruz Moyoja  está  internado con problemas de salud por todo este atropello en sus derechos que vive como pueblo indígena.  En la entrevista  realizada en diciembre expresaba como los pobladores de Caspala se sentían hostigados “para el gobierno de Morales está todo bien, pero nosotros la comunidad de Caspala con toda la gente  está muy preocupada   porque la policía está para reprimirnos, para hacer cualquier cosa, o sea que vivimos con incomodidad, con miedo, con un pensamiento de no saber qué va a pasar mañana, que va a pasar más tarde”.

Morales Y Sus Mentiras Del Mundo Del Revés

Gerardo Morales avanza contra los derechos indígenas y se sirve del aparato legislativo y judicial - ya que actualmente no parecen ser poderes independientes del ejecutivo- y  con el engaño de que pretende hacer una escuela, les quita la cancha a la comunidad Aborigen de Caspala. Ahora con el pretexto de que quiere hacer una cancha y espacio deportivo, desaloja a una familia del pueblo coya  que vive tradicionalmente en su  territorio  y que se sostiene con una economía  agroganadera.

Caspala fue elegido por la Organización Mundial de Turismo como uno de los cuarenta y cuatro sitios del mundo con mayor sostenibilidad por  su riqueza cultural, patrimonial, el cuidado de la naturaleza y el desarrollo del turismo rural. Pero si se desaloja a sus habitantes, si se les expropia el territorio que  sostienen milenariamente de generación en generación, con sus modos  de construcción de viviendas, sus cultivos y técnicas milenarias, sus formas de criar  a sus ganados;  toda esa riqueza cultural está amenazada.

Hay apetencias de   inversión hotelera y especulación inmobiliaria en Caspala, así  como ya pasó con la Quebrada de Humahuaca que  al ser nombrada como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO, las comunidades indígenas fueron sometidas a  diferentes presiones  por desalojos y expropiaciones, sin embargo las comunidades se fueron defendiendo con las leyes nacionales e internacionales que las avalan.

Los derechos indígenas en Jujuy  sobreviven a una  crueldad de un gobierno racista, que no busca dialogar con las comunidades indígenas, y menos respetar derechos como la Consulta Consentimiento Libre Previo e Informado.