El último informe colectivo, elaborado en 2020 por más de 100 investigadores e investigadoras de diferentes ámbitos académicos del país, dio a conocer la "desigualdad estructural" y "violencia y racismo" por la que estaban atravesando los pueblos originarios de Argentina a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) declarado ante la pandemia de coronavirus.

Diana Lenton, doctora en Ciencias Antropológicas y directora de uno de los equipos de investigación, señaló a Télam que "hay dos ejes en el informe que se repitieron todo el tiempo, que tiene que ver con la desigualdad estructural y con la violencia y el racismo",

"Las investigaciones brindadas en el informe dejaban en claro que las políticas sanitarias estaban pensadas para gente que vive en el centro de la urbanidad y no para las poblaciones indígenas que viven en comunidades rurales o el conurbano, donde, en ciertos lugares, no tenían acceso a internet o a electricidad", afirmó.

Por su parte Eugenia Morey, directora de Proyectos de Investigación del Instituto de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) y de una de las investigaciones, señaló que "muchas comunidades siguen teniendo dificultades en el acceso a la salud y al agua para consumo humano".

Aunque, al mismo tiempo, indicó que "los comités de emergencia indígena se desplegaron en los barrios periurbanos y comunidades donde se articularon y fortalecieron lazos con organizaciones sociales y políticas e impulsaron la visibilidad de la población indígena en las mesas de acción de políticas públicas", añadió.

También "se avanzó en la documentación de identidades indígenas, desde las inscripciones en las Historias Clínicas unificadas del Ministerio de Salud de la Nación, en el registro Covid, hasta la coordinación de Salud Indígena de la Provincia de Buenos Aires, que relevó contagios y acceso a vacunas, al mismo tiempo que condiciones de habitabilidad".

"Entre estos casos también resaltamos la labor de referentes en Salta y Santa Fe, en acuerdo y coordinación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con las Universidades Nacionales y con las redes Municipales, Desarrollo Social y Educación", detalló.

Gloria Mancinelli, integra el programa de Educación Superior Pueblos Indígenas de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y es autora de uno de los informes abocado específicamente a las comunidades wichí del departamento salteño de San Martín, en la región chaco salteña, donde conviven una once naciones originarias que se expresan con sus lenguas maternas.

"Entre abril y diciembre de este año noté una retracción en la cantidad de agentes sanitarios en territorio, quienes, en la mayoría de los casos, no cobran ningún sueldo por parte del Estado, sino que brindan una especie de contraprestación por planes sociales, mientras los agentes sanitarios no indígenas cobran un sueldo", señaló.

Por otro lado, indicó que "hay que tener en cuenta que el sistema de salud salteño en comunidades indígenas, a la vez de estar atravesado por la pandemia, también lo está por el decreto de Emergencia Sanitaria, Social y Alimentaria, que tiene que ver con que hay una tasa muy alta de malnutrición y desnutrición, duplicando a la población provincial total".

"El acceso a salud es muy crítico en Salta para todas las personas de comunidades indígenas, sobre todo porque están muy condicionadas por la falta de posibilidades económicas para viajar hasta un hospital o para llevar adelante una alimentación sana y saludable en calidad y cantidad", añadió.

Mientras tanto, en la provincia de Chubut Margarita Santibáñez, agente sanitaria mapuche-tehuelche contó a Télam que es la única que está "cumpliendo funciones como trabajadora comunitaria de salud en terreno, pero solo me reconocen como una trabajadora más de planta dentro del sistema de salud".

"Hace como 14 años ingresamos diez agentes indígenas y hoy la única que está cumpliendo el rol de agente sanitaria en una comunidad soy yo, al resto las pasaron a mucamas, limpieza y mantenimiento", señaló.

"Comencé trabajando en mi comunidad, 'El Chalía', y desde hace siete años cubro también Ricardo Rojas, pero cobro como si trabajara en un solo lugar, siendo que cubro ambas localidades".

Además, "se designan programas sin consulta y sin reconocimiento de la medicina ancestral mapuche tehuelche", relató.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia especializada de la ONU que se encarga de las cuestiones relacionadas con el trabajo en el mundo, dio a conocer un informe donde detalla que "más de 800 pueblos indígenas de América Latina viven en una mayor precariedad tras la pandemia".