En el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día de la Democracia recordamos los asesinatos de  Javier Chocobar (2009, Tucumán),  Roberto López y Sixto Gómez (2010, Formosa), Rafael Nahuel (2017, Río Negro), Ismael Ramírez (Chaco, 2018), Elías Garay (2021, Río Negro), Sergio Onofre Torres (2022, Formosa) y Santiago Maldonado (2017, Chubut) que pese a no ser indígena fue detenido-desaparecido, torturado y asesinado al acompañar la lucha por territorio del pueblo mapuche-tehuelche en la patagonia, entre otros y otras mujeres y niñas indígenas abusadas, torturadas y asesinadas.

En Argentina sus ciudadanos no son todos iguales ante la ley ni gozan de los mismos derechos. Sin igualdad de oportunidades no existe la justicia social y los indígenas lo vivencian a diario, al no ser contempladas y contemplados como sujetos plenos de derecho, por lo que el despojo al indígena continúa.  

Desde el pasado 4 de octubre permanecen detenidas con prisión preventiva domiciliaria cuatro mujeres, junto a sus hijos e hijas, pertenecientes al pueblo mapuche; detenidas tras el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en la zona de Villa Mascardi, del Departamento rionegrino de Bariloche. 

Ese día fueron siete las mujeres detenidas por las fuerzas federales del Comando Unificado, creado por el Ministerio de Seguridad, a las cuales sometieron a tratos humillantes y degradantes, como por ejemplo que una de ellas tuviera que parir en cautiverio.

En esa misma Lof (comunidad) el 25 de noviembre del año 2017 fue asesinado por espalda el joven mapuche Rafael Nahuel a manos de agentes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, sin embargo a cinco años de su homicidio la causa está paralizada y los responsables políticos y materiales siguen sin ser juzgados por aquel crimen.

La respuesta del Estado a la demanda de territorio por parte de las comunidades ha sido la represión, la detención y la muerte, violando la constitución nacional en su artículo 75 inciso 17 sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Argentina y Tratados Internacionales a los cuales ha suscrito a través de leyes ratificadas por el Congreso Nacional.

La explotación de los "recursos naturales", el monocultivo y los emprendimientos inmobiliarios han marginado al indígena del acceso a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la conectividad, a la comunicación y a la "cultura". El avance de la era de la información y las nuevas tecnologías tampoco ha sido beneficioso ya que ha permitido que en ciertos sectores de la sociedad aumente la discriminación, la xenofobia y el racismo al normalizar la criminalización de las demandas de los pueblos indígenas en los últimos años.

Las instituciones del estado, salvo en algunos honrosos años de gobiernos nacionales y populares, no han respondido o no han querido avanzar en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas e incurren por omisión en la violación de los Derechos Humanos. Algunas de ellas incluso permiten desarrollar la homogeneización cultural forzada con el objetivo de manipular y hacer desistir la resistencia indígena a la colonización.

El Poder Judicial en Argentina se ha convertido en un Estado paralelo coptado por los intereses del poder fáctico del país que resguarda a la derecha argentina, persigue cualquier oposición política hacía ella y, además, mantiene encarcelada a Milagro Sala en la provincia de Jujuy. 

En el  Poder Legislativo es inexistente la participación política de los pueblos indígenas quienes deben deambular por los pasillos legislativos en busca de "buenas voluntades'', que después pretenden la devolución, a través de las urnas, de aquellas acciones.

Sin Democracia no hay Derechos Humanos, pero sin Derechos Humanos tampoco existe la Democracia real