El Centro de Estudios Legales y Sociales junto a otros organismos, piden que “se asegure la revinculación con sus territorios de la machi Betiana Colhuan Nahuel y de las y los niños de la comunidad debido a la pérdida cultural, identitaria y espiritual que están sufriendo desde su detención hace más de un mes”.

En su presentación señalan “En estos casos se evidencia, una vez más, cómo el Estado argentino persigue y criminaliza al pueblo mapuche por sus reclamos territoriales y culturales, y los efectos que produce, en particular, sobre las mujeres y niños/as de la comunidad”.

El despliegue desmedido en contra de la comunidad Lafken Winkul Mapu que comenzó el 4 de octubre pasado tuvo como consecuencia la detención ilegal y arbitraria de 7 mujeres –entre ellas la Machi del pueblo y otra con un embarazo de 40 semanas-, junto con niños y niñas en edad de lactancia. Durante la mañana de la represión, las mujeres detenidas y sus hijos/as aspiraron gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas de seguridad. Algunos niños, de entre 6 y 14 años, corrieron al bosque en busca de refugio y pudieron ser encontrados recién 13 horas más tarde, en la oscuridad de la noche y bajo la nevada.

La jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez, que interviene en la causa, ordenó la destrucción de sus viviendas Todos los bienes  y elementos de prácticas culturales que había adentro fueron secuestrados y aún nadie les dio respuesta por ellos. Las niñas y niños de la comunidad perdieron su ropa, sus juguetes, sus animales. También perdieron sus prendas de vestir tradicionales.

Después del operativo, la jueza procesó a 4 mujeres mapuches: a la machi Betiana, a Romina Rosas, quien debió parir con custodia policial, a Luciana Jaramillo y a María Celeste Ardaiz Guenumil. Todas ellas están actualmente encerradas junto a sus hijos en el Centro Mapuche de Bariloche. Son once niñas y niños de 11, 9, 8 (2), 6, 5 y 4 (2) años, de 5 meses, 2 meses y 16 días.

La elección del lugar para la prisión domiciliaria también fue parte de un proceso de estigmatización: al no tener un domicilio -porque de allí fueron desalojadas- tuvieron que recurrir a casas de familiares. Pero la jueza no aceptó esa alternativa, porque consideró que sus familias mapuches también son parte de reclamos de reivindicación territorial y cultural, y no brindan garantías para su detención domiciliaria, son un “peligro” para las garantías procesales.

Lxs menores que se encuentran con sus mamás detenidas en el Centro Mapuche actualmente presentan enfermedades respiratorias producto de la aspiración de gas y el frío que pasaron el día del operativo. También padecen desequilibrios físicos y emocionales por estar fuera de su tierra. Desde que tomaron conocimiento de la destrucción de sus hogares y la pérdida de todas sus pertenencias algunos dejaron de hablar y otros están en un estado de sobreexcitación. La justicia únicamente está permitiendo salidas con sus madres por emergencias médicas, pero la emergencia bajo la cosmovisión indígena no es la misma que la occidental. Durante el último mes, lxs menores tampoco han tenido ningún tipo de acompañamiento por parte del Estado en cuanto a su asistencia a la escuela.

En la presentación ante la CIDH, el CELS hizo una mención especial a la situación de la Machi Betiana Ayelén Colhuan, médica y sanadora del Pueblo Mapuche. Actualmente es la única en la Argentina, por lo que recurren a ella personas de otras comunidades que hacen largos viajes para poder verla. Una o un machi es una de las máximas autoridades espirituales mapuche e integra el sistema de salud tradicional de este pueblo. Su rol social es ejercido en un espacio ceremonial denominado Rewe. Por estar lejos del territorio y del Rewe, la Machi Betiana pierde su fuerza vital y su identidad cultural. También, se ven vulnerados los derechos de acceso al sistema tradicional de salud mapuche de todas las personas que llegan a ella para mejorar su bienestar físico, espiritual, familiar y comunitario.

Las comunidades indígenas de la Argentina, y las comunidades mapuches en la Patagonia tienen una larga historia de lucha por el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales, que les han sido negados y despojados. Este despojo no ha cesado, a pesar de que existieron avances en el reconocimiento de sus derechos. La comunidad indígena Lafken Winkul Mapu ejercía su derecho a la identidad, a la cultura y al territorio. El Estado de manera violenta y desproporcionada organizó una respuesta que tuvo efectos sobre la integridad de sus miembros, en particular, sobre mujeres, niños y niñas.

Firmaron la presentación:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Asociación Civil Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, AMAI Asociación de Mujeres Abogadas Indígena, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Ezequiel G. Palavecino, Andrea Reile, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.

Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Foto: Eugenia Neme para lavaca