La orden indica que “Durante   su   detención   domiciliaria,   las nombradas quedarán   sometida a las  siguientes reglas  de conducta:1) Deberán permanecer en el inmueble en que cumplirá la institucionalización cautelar”.

La jueza Domínguez fijó la calidad de “guardadores” para cada una de las detenidas en un domicilio que pertenece a referentes de organizaciones de derechos humanos y estableció que las mujeres tienen prohibido el abandono del domicilio sin expresa autorización judicial, aunque pueden hacerlo en caso de una emergencia médica de las detenidas o sus hijos, con el posterior aviso a la sede judicial, dentro de las 24 horas de ocurrida la necesidad.

Como pauta de conducta se ordenó que se abstengan de organizar reuniones ajenas a lo que demande lo estrictamente familiar y se dispuso limitar el ingreso de personas ajenas a la vivienda a un máximo de 4 por cada una de las detenidas, en distintos espacios temporales.

Dispuso además días de visita específicos bajo autorización del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) de Río Negro, que será el organismo que realice el control de esta detención en la vivienda.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche (APDH) informó anoche que cuatro de las detenidas, que tienen hijos menores de 4 años, obtuvieron la prisión domiciliaria y deben cumplir pautas de conducta.

El Parlamento Mapuche de Río Negro difundió que los abogados Andrea Reile y Ezequiel Palavecino, que representan a seis de las mujeres, se reunieron ayer con sus asistidas en la PSA de Bariloche, ubicada en el predio del aeropuerto internacional de Bariloche. Jaramillo es la única detenida que designó otros abogados y es representada por Laura Teffetani y Eduardo Soares.

Ayer por la tarde, regresaron a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera, las cuatro presas políticas mapuche que la noche del miércoles fueron trasladadas al penal federal de Ezeiza por disposición de la misma jueza, que alegó la falta de un espacio penitenciario acorde para alojarlas.

Los abogados les informaron a las detenidas el estado de la causa, las «condiciones particulares de cada una» y los «pedidos de sobreseimiento, excarcelaciones y domiciliarias«. También las mujeres imputadas pudieron comunicarse con sus familiares.Les informaron además que existen denuncias al Comité contra la Tortura y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de lograr su liberación.

Las mujeres mapuches detenidas el martes 4 en el operativo del Comando Conjunto de Fuerzas Federales creado por el Ministerio de Seguridad de la nación y que comandó la jueza Domínguez, están imputadas como coautoras de los delitos de usurpación por despojo y usurpación por turbación de la posesión, en concurso real entre sí.