El proyecto de resolución lleva la firma de las y los diputados Diputada Nacional Mónica Macha, Diputada Nacional Carolina Gaillard, Diputada Nacional María Rosa Martínez,  Diputado Nacional Leonardo Grosso,  Diputada Nacional Vanesa Siley,  Diputada Nacional Estela Hernández,  Diputada Nacional Silvana Ginocchio,  Diputada Nacional Natalia Souto,  Diputada Nacional Anahí Costa,  Diputada Nacional Jimena López y la  Diputada Nacional Mara Brawer.

En sus fundamentos señalan que la iniciativa tiene como objeto que la  “Honorable Cámara se pronuncie sobre los hechos acaecidos en la localidad de Mascardi, provincia de Río Negro, a partir del día 4 de octubre del corriente año, que culminaron con un violento desalojo desprovisto de todo tipo de perspectiva en materia de género y Derechos Humanos”.

Además agregan que, “la comunidad Mapuche ha informado que, un grupo de niñxs y adolescentes de entre cuatro y dieciséis años fueron perseguidos durante más de 12 hs dentro del territorio, resguardándose de las fuerzas policiales que los persiguieron montaña”

También la legisladora de Neuquén Ayelen Gutiérrez utilizo sus redes sociales para expresarse al afirmar que “No militamos para esto. Militamos para la inclusión. Para la plena implementación de la ley 26160. Para el diálogo y reconocimiento siempre de los pueblos preexistentes tal y como manda la Constitución Nacional.  Militamos el diálogo y la justicia social”.

El ex diputado nacional por neuquén Alberto “Beto” Vivero también utilizo las redes sociales para repudiar el violento desalojo en Villa Mascardi.

Elizabeth Gómez Alcorta presentó su renuncia

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad cuestionó el violento accionar de las fuerzas de seguridad y presentó su renuncia, que fue aceptada por el Presidente Alberto Fernández a quien los organismos de derechos humanos le han hecho conocer sus críticas.

El CELS, la APDH, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogados de las mujeres enviadas a Ezeiza presentaron también un hábeas corpus por la suma de irregularidades en el traslado, que tuvo lugar “de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva”.