Luego del desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Bariloche (Río Negro), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos, la APDH y otros organismos de derechos humanos reclamaron que "la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de una mesa de diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas".

"Una vez más señalamos que los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (art.75 inciso 17) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados", plantearon los organismos de derechos humanos en una declaración firmada también por Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, APDH- La Matanza, la Asociación Buena Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales.

"En la provincia de Río Negro en general, y en la zona de Bariloche, en particular, se alienta una profunda hostilidad contra las comunidades, incentivada por sectores nucleados en el movimiento Consenso Bariloche que reclaman el desalojo de tierras reivindicadas por las comunidades indígenas, culpabilizándolas de incendios o de la vandalización de determinados edificios, hechos de los cuales no se ha probado ninguna autoría hasta la fecha", remarcaron.

"En el gobierno de Mauricio Macri, la acción de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha sido responsable de acciones represivas como la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en la zona de Cushamen, y el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, crímenes que aún esperan justicia", señalaron las organizacinoes en un texto firmado, además de los mencionados, por la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos .

"Resulta preocupante la firma de una resolución del ministero de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la cual se constituye un Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, destinado al 'aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad'. De inmediato, las fuerzas nacionales, realizaron un desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu y la detención de mujeres de la comunidad con niñes de corta edad, además de la persecución de otros integrantes dispersos en la montaña. El desalojo se justificó en una orden de allanamiento genérica dictada por la justicia federal de Bariloche, que no contempló los intereses y derechos en juego de las comunidades mapuches. Para la resolución de este escenario, proponemos la convocatoria a una Mesa de Diálogo que incluya a todos los sectores y con un fuerte respaldo político institucional", concluyeron los organismos.