A los pobladores que describen a sus patrones como “los azotadores de  antes”, no los cobija el manto del romanticismo nostálgico que envuelve  a otros moradores mansos de lugares y parajes turísticos salteños. Por  poner el cuerpo y librar la batalla por la propiedad comunitaria de sus  territorios, los de La Aguada, en Cachi, padecen encerronas de propios y  extraños. La policía local tiende a desconocer sus derechos, la  fiscalía zonal prefiere aletargar procedimientos, los administradores de  turno en el Estado provincial eligen olvidar pactos internacionales, la  Constitución Nacional y el Código Civil. Por si fuera poco, una parte  de los abogados también optan por desconocer las leyes vigentes y  tratados que amparan en Argentina los derechos indígenas.

Seis  kilómetros por camino de tierra, sinuoso y consolidado, separan el casco  histórico del pueblo de Cachi del paraje La Aguada. Los carteles de la  ruta del vino guían hasta las últimas bodegas que se instalaron en la  zona durante la década pasada: Miraluna y Bodega Puna. Desde que ellas  llegaron, los miembros de la Comunidad Diaguita Calchaquí en La Aguada  no la tienen fácil. El espacio del territorio comunitario, se compone de  algunas hectáreas aptas para cultivo, limitadas por el agua de riego  disponible. Otras tantas son de montañas pedregosas que rodean al frágil  sector productivo.

El Instituto  Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entregó la carpeta técnica a esa  comunidad en 2014. El acto implicó que legalizó su relevamiento  territorial y cumplió con todos los requisitos previstos por Ley  26.160.

Los nuevos vecinos sostienen que son los habitantes  ancestrales quienes usurpan sus tierras. Hay apellidos que circulan hace  décadas en papers académicos. Esos estudios profundizaron sobre el  proceso del loteo de la vieja Hacienda de Cachi, que duró entre 1949 y  1964. Por la página 300 de un libro de su autoría, publicado en 2009,  Julio Octavio Ruiz Moreno lo sintetizó así: “El gobierno de esa época  (…) la expropió a un precio vil (…) con el argumento de extender el  radio urbano de Cachi. Pero como siempre, lo mejor y más valioso (...)  quedó en manos de los jerarcas partidarios y sus amigos en la ciudad de  Salta”. Entre ellos, los Wayar y los Durand. A los herederos de los  primeros se enfrentan recurrentemente los miembros de la comunidad de La  Aguada en Cachi, aunque también otras vecinas, como Las Pailas.

La  novedad es la llegada de otros actores. Se sumaron en 2015, los  periodistas Jorge Fontevecchia y María Laura Santillán como socios en El  Molino de Cachi. La SRL es bodega y emprendimiento hotelero con  domicilio legal en California 2721 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (CABA). La información se desprende del historial de sociedades  comerciales del Boletín Oficial de la Nación. De la capa catastral 2022,  disponible en el geoportal IDESA (acceso público), se desprende además  que les pertenece el catastro ubicado al noreste del paraje La Aguada.  Es decir, se encuentran cerca del límite entre La Aguada y la vieja  Finca Hacienda de Cachi.

Al cruzar la territorialidad registral / privada con la comunitaria de  ocupación actual, tradicional y pública, surgen preguntas inquietantes.  Por ejemplo: ¿sabrán los socios productores del malbec “Barranca de los  Pájaros” que es altamente probable que su propiedad ocupe parte del  territorio comunitario ancestral que el Estado argentino reconoció a la  Comunidad Diaguita Calchaquí de La Aguada en 2014? Salta/12 no pudo  obtener respuesta de ninguno de ellos.

Otro dato que surgió al consultar las mismas fuentes, es que el mayor  propietario registral que ocupa parte del territorio comunitario, no es  ninguna de las bodegas o propietarios registrales actuales. Más del  sesenta por ciento del espacio de uso comunitario pertenece desde 1981 a  una sociedad anónima de nombre Maropont. Por la fecha, la propiedad de  22.708 hectáreas, fue adquirida durante el gobierno de facto de Roberto  Augusto Ulloa.

La autoridad Diaguita Calchaquí de La Aguada,  Nemesio Fabián, cree que la sociedad anónima esconde viejos  terratenientes. Sin embargo, no hay prueba cierta de ello. Del historial  de sociedades comerciales del Boletín Oficial nacional, se desprende  que la firma formalizó su constitución el 24 de noviembre de 1981. Como  la fuente no muestra cambios societarios en el tiempo, se puede afirmar  que aún la conforman dos socios y dos síndicos: Jacinto Midali  (presidente), Nerio Antonio Almeida (vicepresidente), Víctor Hugo Cappacioli (síndico titular) y Avelino Carlos Zavala (síndico suplente).  Este medio no pudo dar con el representante legal de la SA en la  provincia.

En mayo de 2018 la sociedad fue convocada por el juez  de Minas y en lo Comercial de Registro de la provincia de Salta (que en  ese momento era Gabriel Chibán) por un descubrimiento de tierras raras y  litio en su propiedad. Lo último se desprende del Boletín Oficial  salteño. Maropont es dueña de todas las serranías alrededor de La  Aguada, desde el filo de las cumbres del Nevado Libertador General San  Martín (Nevado de Cachi) hasta el límite sur que comparte con el  territorio comunitario Diaguita Calchaquí.

Disciplinar, doblegar, expulsar

Sobre las hectáreas fértiles de cultivo, los vecinos bodegueros de La Aguada  no parecen admitir la presencia de comuneros combativos. El último  conflicto estalló entre enero y febrero de 2019, aunque ya no con Bodega  Miraluna. El hecho prepandémico, dejó a varios miembros de la comunidad  implicados en una causa penal. Como ya atravesó la etapa de  instrucción, espera fecha la instancia oral y pública.

“En el  juicio de La Aguada no se discute el dominio de la propiedad”, explicó a  Salta/12 Josue Díaz Cueto, abogado de la comunidad Diaguita Calchaquí.  Detalló que los comuneros están imputados por usurpación y otras  acusaciones penales. Esperan que la causa alcance la siguiente instancia  hacia finales del año en curso.

"Esto forma parte de una  estrategia de criminalizar la defensa del territorio indígena por vía  penal, que es algo que viene pasando no solo en Salta, sino en todo el  país”, continuó. “Claramente se busca disciplinar para doblegar la  resistencia de la comunidad ante el avance del despojo territorial que,  en este caso, se ejerce de parte de Bodega Puna”.

Desde el área  legal de esa Bodega eludieron la polémica sobre la legalidad de la  propiedad comunitaria. Se remitieron a aclarar a que son legítimos  propietarios del catastro en conflicto, que la causa está en la Justicia  salteña, y que la firma espera el descenlace final.

La Comunidad  Diaguita volvió a denunciar usurpación y atropellos sobre su propiedad  comunitaria en febrero y abril de este año. “Nosotros hicimos las  denuncias en la policía de Cachi y en la fiscalía penal, pero intentan  disuadirnos”, explicó Nemesio Fabián a Salta/12. Para Díaz Cueto, la  estrategia principal de la Bodega y otros propietarios es la del  desgaste, un camino por el que pretenden expulsar definitivamente a  quienes molestan.

“Queda claro que Bodega Puna fue a usurpar un  espacio que fue utilizado por la comunidad colectivamente desde mucho  tiempo atrás. La bodega sigue atropellando, tira material  de construcción donde no corresponde, y la justicia es muy lenta”, opinó  Waira Condorí, vocal diaguita y presidente del Instituto Provincial de  Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). “No hay que olvidar que la propiedad  comunitaria contiene grandes espacios que resguarda patrimonio  arqueológico”. La Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia  prefirió no opinar sobre esto.

Las estrategias de expulsión no  son novedad en Cachi. El último de ellos ocurrió hace poco más de 70  años. Fue un procedimiento que duró 18 años (1949 - 1967). Lo explicó  con lujo de detalles en su tesina de grado, un estudiante de la carrera  de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Con documentación  oficial, Miguel Ángel Borla relató que un año después de la expropiación  (1950) el gobierno de la provincia adjudicó parcelas rurales dentro de  la vieja Finca a favor de cada arrendero que se presentó como un  trabajador legítimo de esa porción de tierra. Fueron alrededor de 60  familias, pero la alegría no duró mucho. En 1952, el gobierno de Salta  propuso planes para la compra de esas y otras parcelas en el viejo Cachi  Adentro (hoy La Aguada). Estableció precios y fijó plazos, fuese de  contado o mediante plan de pago. Como los arrenderos no manejaban papel  moneda sino vales de la proveeduría del patrón, la suerte quedó echada.

A  comienzos del presente siglo, la novedad fue el modelo inmobiliario  country & vid que introdujo Carlos Robles después que le compró  Finca San Miguel (al norte de La Aguada) a Antonio Rodó. El nuevo  paradigma cambió el uso del agua y la composición de los vecinos. Desde  entonces, los habitantes originarios (primero de Las Pailas y Finca San  Miguel, ahora de La Aguada) padecen lo mismo: desgaste, palos, policía y  causas penales que buscan criminalizar la defensa de sus derechos y  territorios.

Como muchos no pudieron acreditar la propiedad  registral del lugar que habitaban, fueron reubicados lejos del área  fértil y sus paños de cultivo. Los que tuvieron más suerte ocupan alguna  casa del barrio Luján, en la otra orilla del río Calchaquí y de ruta  nacional 40.

Asuntos pendientes

Urge la instrumentación de la propiedad  comunitaria indígena. En la Cámara de Diputados de la Nación espera ser  tratada la iniciativa que presentó en diciembre de 2021 la legisladora  nacional por Salta, Alcira Figueroa.

La ahora ex diputada explicó  que el proyecto fue girado a comisiones de Legislación General,  Población y Desarrollo Humano, Presupuesto y Hacienda. “Aún no fue  tratada. Tampoco tenemos noticias que esto ocurra durante el año  legislativo”, dijo a Salta/12. “Creo que la falta de tratamiento ocurre  porque no existe en la Cámara Baja una Comisión de Pueblos Originarios”.  Para Figueroa, es la razón por la que iniciativas claves como la  instrumentación de esta ley no forman parte de la agenda prioritaria de  las comisiones parlamentarias. Por lo tanto, tampoco tiene chances de  llegar al recinto. “Con una comisión específica, como sí existe en el  Senado, sería más fácil colocar en agenda cualquier proyecto referido a  pueblos originarios”, opinó.

El proyecto de Alcira Figueroa  reproduce el presentado en 2015 por la ex-senadora Magdalena Odarda  (actual presidenta del INAI) y Jaime Linares. Ese proyecto fue  acompañado luego por Fernando “Pino” Solanas. Como la iniciativa perdió  estado parlamentario, otros legisladores la presentaron nuevamente.  Mientras tanto, el Estado Argentino fue condenado en la sentencia de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Lhaka Honhat  (Rivadavia, Salta) en febrero de 2020.

El organismo internacional  entendió que Argentina no cumplió con el respeto y resguardo de los  derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el norte salteño  ¿Deberán agruparse en el futuro todas las comunidades originarias de  Argentina para lograr la titularidad de sus territorios ancestrales? La  batalla de La Aguada es solo un caso en los Valles Calchaquíes.

Fuente: Salta/12