El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), ambos organismos oficiales de la Iglesia Católica, salieron al cruce y repudiaron el proyecto de ley presentado por la diputada nacional Victoria Villarruel (Libertad Avanza) que propone la derogación de la ley 26.160  que declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

El cordinador nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Rodolfo Fernández señaló a originarios.ar que  la actual ley “no ha revelado ni el cincuenta por ciento de los territorios comunitarios” además agrego que la ley 26160 “es un respaldo legal muy impórtate para las comunidades que prohíbe los desalojos, sabemos que hay lugares en argentina donde existen comunidades en riesgos que si esta ley se cae, pueden entrar en vigencia ordenes de algunos jueces y desalojar a las comunidades de donde están viviendo”.

Fernández indico que el objetivo es que “esa ley se cumpla lo antes posible, se termine con los relevamientos en la totalidad de los pueblos que habita nuestro país, para que tengan tranquilidad en su territorio y desarrollar su cultura como corresponde. Ellos fueron los primeros habitantes de toda América, no hay justificativo que valga para que jurídicamente estén tan endeble”.

Sobre la ultraderecha en argentina señalo que “este pensamiento es peligros, tiene una mirada única, no tienen empatía con el otro y pasa con los pueblos indígenas, lo ven diferentes y los quieren descartar”.  

Según estiman ENDEPA y la CEPA el proyecto presentado por Villarruel “implica ausencia de toda lógica jurídica y política, pretendiendo que antes de cumplirse un ley se la intente derogar”, advirtiendo que “la inseguridad jurídica que produciría este proyecto es totalmente reprochable”. Por ello, subrayan, “esta pretendida derogación volvería atrás más de 100 años la historia jurídica, social y política de nuestro país”.

“La Nación Argentina se conforma con una historia sangrienta, de muerte hacia los Pueblos Indígenas y ninguno de los promotores de este proyecto podrá explicar jamás como se obtuvieron títulos privados por sobre las Comunidades sin otra explicación que la matanza y desalojo violento , sumado a un derecho de conquista, asumido como heredado de la corona española cuando la Argentina se constituyó como nación independiente”, señala el documento de la iglesia (ver link https://endepa.org.ar/endepa_22/rechazo-rotundo-al-proyecto-de-derogar-la-ley-26160/ ) y enumera las masacres a los originarios: “Roca en 1880, la de El Zapallar en el año 1933, la de Rincón Bomba en el año 1947, la de Napalpí en el año 1924.

Los representantes de la Iglesia Católica solicitan que “se desista del proyecto de ley presentado por la diputada nacional Victoria Villarruel, e instamos a los demás diputados, senadores y autoridades a repudiarlo, a ser conscientes de la gran deuda que tiene el Estado Argentino con los Pueblos Indígenas, a no darle tratamiento, y llegado el caso, votar en negativo”.

Subrayan los firmantes que “el pueblo argentino no puede permitir la eliminación de una ley que produce una justa reparación histórica y ejecuta la Constitución Nacional”.

La iniciativa legislativa, que según los denunciantes pretende “el no cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina”, lleva también la firma de los diputados Javier Milei, José Luis Espert y Carolina Píparo. La norma que se propone dejar sin efecto es la que protege la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas a partir de un relevamiento técnico y jurídico y suspendiendo los desalojos, también fue apoyada, entre otros, por los legisladores Francisco Sánchez, Alberto Asseff y Dina Rezinovsky del Pro.