En comunicación con originarios.ar, el werkén (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche – Tehuelche de Rio Negro, Orlando Carriqueo, advirtió que la gobernadora Arabela Carreras ha hecho sancionar el pasado miércoles 20 de Abril, el proyecto de Ley 253/2022 donde concede la entrega por 50 años de 625.000 hectáreas de tierras fiscales que en su mayoría están ocupadas por comunidades indígenas y pobladores dispersos mapuche-tehuelche para la instalación de una planta de Hidrógeno Verde por parte de la empresa australiana Fortescue Future Industries S.A.

La propuesta de ley presentada en la Legislatura por la provincia establece las condiciones para que se pueda realizar el procedimiento de licitación pública y, de esta manera, concesionar el uso de tierras fiscales provinciales. El proyecto provincial pretende que la planta industrial se ubique en el ejido de la Municipalidad de Sierra Grande y ocupe un área aproximada de 650 hectáreas, localizadas dentro de la Zona Franca de Punta Colorada. La misma prevé que tendrá un plazo de 50 años, prorrogables por 25 años.

Orlando Carriqueo, señalo que son más de 30 comunidades indígenas afectadas y que parte del territorio que se le pretende conceder es un lugar histórico para el pueblo mapuche ya que aún quedan vestigios del genocidio indígena en la Patagonia que fue la campaña del desierto, en la zona de Valcheta.

El vocero mapuche indico que el avance exprés que se le está dando al proyecto no ha contemplado los procedimientos de consulta libre previa e informada a las comunidades indígenas por lo cual los ha dejado en facultad de realizar la presentación de un recurso de amparo y una presentación ante la comisión interamericana de derechos humanos (CIDH), ante la clara violación a los derechos constitucionales del pueblo mapuche en la provincia de Rio Negro.

Presentaciones para la consulta libre, previa e informada (CLPI)

La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos indígenas. A través de esta, se busca velar por el acceso a la información, por la participación y por el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.

Es por ello que las comunidades mapuches nucleadas en la organización que las representa y el representante de las mismas ante el concejo de desarrollo de comunidades indígenas (CODECI), han realizado presentaciones en la legislatura rionegrina para que antes de continuar avanzando con el proyecto se realice la consulta libre, previa e informada.

El derecho a la CPLI se reconoce en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la OIT en 1989 y aprobado por la República Argentina en 1992, mediante la ley n.° 24071. El instrumento de ratificación de dicho convenio fue depositado por nuestro país en la OIT en el año 2000, permitiendo su entrada en vigor un año más tarde.

Sus preceptos fueron receptados por la Constitución Nacional (CN) en el marco de la reforma de 1994 con la incorporación del artículo 75, inciso 17. Además, el artículo 75, inciso 22 introdujo instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, en los que se contemplan los derechos de las comunidades indígenas.

La gobernadora Arabela Carreras al presentar el proyecto de 253/2022 y que fuera aprobado en la Legislatura estaría incurriendo en la violación de estas leyes y de los organismos internacionales tal como lo señalo Orlando Carriqueo, "el proyecto del Hidrógeno Verde se trató muy rápido ya que la plenaria de comisiones fue el día martes y el miércoles ya se debatió en la legislatura, la cual estuvo rodeada por la fuerza policial".

El proyecto de hidrógeno verde fue presentado por el Presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Glasgow el año pasado. El 6 de diciembre, junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmaron un convenio para crear la Zona Franca, como medida para potenciar la región y facilitar el plan de desarrollo de hidrógeno verde mediante la creación de un parque industrial.