Los miembros de  comunidades de Collamboy y Quillaques  vienen reclamando  que se retire esta empresa ya que solo está generando daños en los  territorios y también denuncian irregularidades respecto al trazado del territorio, ya que hay un grave error en cuanto a lo que tiene que ver con los territorios de estas comunidades  denunciando la irresponsabilidad del gobierno.

Este  lunes 28 de Marzo a las 9 de la mañana ,  una comisión de éstas comunidades  estarán en San Salvador de Jujuy, en las oficinas de Colonización llevando notas dónde solicitan la inmediata intervención de ésta área de asuntos territoriales. Invitan a los medios de comunicación que les interese visibilizar el conflicto a que estén presentes para difundir el reclamo de los pueblos originarios.

Ernesto Soriano integrante de la comunidad Collamboy habitante del territorio donde está instalada la empresa minera expresó “soy poseedor de este lugar, vivo hace más de 62 años en este territorio donde nací y crecí, y mi madre también que vive aquí en sus 82 años, entonces en toda nuestra vida hemos poseído el territorio, hemos sufrido, hemos tramitado por la provincia, por (instituto) de colonización para que se nos de nuestros títulos (…) y con dominio, también para las comunidades aborígenes. Aquí en el año 1996, 97 por parte de colonización nos dijeron que vayamos haciendo nuestras parcelas con amojonamiento con todo,  para regularizar  nuestras parcelas y  lo hemos hecho , hasta cierta parte y ahí quedó paralizado en Instituto de Colonización. Y seguimos tramitando con los gobiernos de turno y como comunidades aborígenes, yo poseo desde años, desde nuestros anti abuelos estas tierras. Hace mucho tiempo apareció esta empresa, nos visitó nos reconoció el gerente. Quedamos que cuando algo había nos tenía que avisar (… ) y me notificaron que ya estaba posicionada la empresa. Estoy acá para hacer mi petición y mi reclamos en lo que nos pertenece, pedimos al gobernador que nos de los títulos comunitarios, que nos dé, pasan los años y no tenemos ese reconocimiento”.

Estas comunidades conscientes de la importancia del agua y protección del territorio, no autorizan que trabajen estas empresas mineras porque daña el medio ambiente y sobre todo genera grandes  pérdidas de agua dulce que estas familias utilizan para ser  autosustentables y criar sus ganados. Ya el 12 de Marzo hicieron un acampe pidiendo explicaciones y denunciando a la empresa, actualmente están acampando en las puertas de la instalación de esta empresa minera exigiendo que se retiren. Sin embargo,  son amenazados hasta por personal del gobierno provincial y de la empresa, mas intimidados por  efectivos policiales, siendo violentados doblemente al defender sus territorios y derechos como pueblos originarios.

También  están solicitando que  representantes del gobierno se hagan presentes y expliquen sobre esta situación violatoria de derechos territoriales que afectan a estas comunidades. Exigen que se revea el  error que han cometido en referencia a trazados de límites territoriales de tres comunidades Collamboy, El Toro y Quillaques.

Por su parte,  Desiderio Olmos de la Comunidad Collamboy  expresó  que “con este problema ya venimos  viviendo de varios años, se había corrido un punto mojonal. Se había solicitado al gobierno de la provincia para que se vuelva a los puntos mojonales anteriores. Nunca se hizo, hasta ese entonces, una empresa inesperadamente se posiciono aquí y no sabemos que es lo que están haciendo, cuando tiempo van a estar, cuáles van a ser los impactos, están violando los derechos no solo de los lugareños de San Juan de Quillaques, sino también de la comunidad de Collamboy que está al límite,  que no está más que a cien metros de este emprendimiento, y solicitamos al gobierno de la provincia que se haga presente, que seguramente por sus intereses no quiere dar más información o no quiera dar solución  a este problema.”

Sin embargo, el gobierno de Jujuy mediante la Secretaria de Pueblos Indígenas S.P.I.  urgentemente reunió a comuneros que están trabajando para el gobierno, como es el caso del CPI Consejo de Participación Indígena, tuvieron una reunión en S.S. de Jujuy. Después publicaron una nota en el muro de la página de Facebook de  la S.P.I. dirigida a la empresa Minerales Australes S.A., dirigida al Gerente el Sr. Daniel Bonafede, en la misma  expresaban que “ponemos en conocimiento que la comunidad aborigen del Toro- Rosario de Susques, Comunidad San Juan de Quillaques y comunidad aborigen de Coranzulí somos los únicos colindantes en el sector donde se encuentra trabajando actualmente la empresa.”  Y luego expresando disculpas a la empresa escribían que “Es importante que Uds. sepan que en ningún momento actuamos de manera de entorpecer la actividad minera ni los trabajos de los operarios, no realizamos corte de camino ni mucho menos entendiendo que el proyecto incluye mano de obra local, servicios y emprendedores locales y q tuvimos la participación q indica la ley (la cual ni la mencionan)”. Después la nota continua expresando su necesidad de trabajar con la empresa y con el estado “ buscamos el diálogo el entendimiento sin perjudicar a quienes realizan trabajos en nuestros territorios, porque somos conscientes que prestamos conformidad y consentimos las actividades que se llevan a cabo actualmente en el sector de exploración del proyecto.  Queremos manifestar la necesidad de un trabajo conjunto por el bien de quienes  realmente habitamos en el territorio de nuestras comunidades aborígenes y nos encontramos trabajando con otros organismos del Estado”.

La empresa minera  tiene en su poder un croquis del territorio indígena mal delimitado, donde sólo ha logrado el consentimiento de una comunidad El Toro para que trabaje esta minera, pero no así de todas las comunidades atacamas afectadas.  Es muy claro el accionar de la SPI, en la de buscar doblegar las voluntades de indígenas que tienen trabajos dependientes ya sea de esa minera o del gobierno, quienes firman y dicen estar de acuerdo “como pueblos representativos”, así  firmaron esta nota Martin Quispe, Calpachay Roberto Eliseo, Florentino Cruz y Eufemia Misericordia, cuatro indígenas atacamas que se arrogan la representatividad, cuando hay comunidades que no apoyan este avasallamiento. La señora Eufemia Misericordia es CPI de la Nación Atacama, pero para lograr afirmar algo debe estar en comunicación y acuerdo con todas las comunidades atacamas, sino se está arrogando una representatividad ilegitima.

Desiderio Olmos, respecto a las firmas de estos comuneros expreso que “en una primera instancia habíamos llegado a un acuerdo  con los comuneros para que se pudiera solucionar, vemos que han bajado a S.S. de Jujuy y ahí no sabemos que es lo que sucedió  por qué firmaron nuevamente autorizando a la empresa a trabajar, así que ahora a partir de ese momento desconocemos a esas autoridades,  como miembros de comunidades indígenas y la Comunidad de Collamboi que estamos en éste proceso de reconocimiento de personería jurídica únicamente, ya tenemos nuestro expediente en la Secretaria de Pueblos Indígenas de Jujuy, ya estamos  ejerciendo el derecho de posesión del lugar, del cual  está siendo afectado directamente uno de los integrantes de nuestra comunidad que es  Ernesto Soriano y su familia (…) vamos a continuar hasta que el gobierno de la provincia de Jujuy haga respetar los límites originales que se habían trazado antiguamente”.  Olmos expresó que seguirán haciendo respetar los derechos indígenas, lo que expresa la constitución nacional y todas las leyes que garanticen sus derechos.

Con tantas irregularidades, desde el gobierno, la Secretaría de Pueblos Indígenas y de la empresa  Minerales Australes S.A., que avanzan en territorios violando derechos  indígenas, mientras que  mujeres, abuelas, niños, y jóvenes , hombres siguen acampando en defensa de su territorio aún en estos fríos de otoño. Ahí seguirán acampando por tiempo indeterminado, hasta que las autoridades gubernamentales corrijan  sus errores en cuanto al trazado de límites territoriales de comunidad Collamboy y Quillaques, responsabilidad  a cargo de la Secretaria de Pueblos Indígenas y del gobierno en diálogo directo con las comunidades implicadas.