El juez de Garantías Víctor Gangarrossa definió imputar a Diego Alejandro Ravasio (44) y Martín Cruz Fielberg (48), por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, en ambos casos agravado por el uso de arma en el ataque que perpetraron el día domingo 21 de noviembre  en el paraje cuesta del ternero contra miembros de la comunidad mapuche quemquemtrew.

La fiscalía y la querella atribuyeron a Ravasio y Fielberg el hecho ocurrido entre las 15 y las 16 del 21 de noviembre, cuando ingresaron a la zona de Cuesta del Ternero, El Bolsón, portando armas de fuego calibre 22 y dispararon sobre Pedro Elías Garay y Gonzalo Fabián Cabrera, provocando el fallecimiento del primero y lesiones de carácter grave en el segundo. Inmediatamente después del hecho huyeron corriendo del lugar.

La calificación legal de los hechos es de homicidio y tentativa de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego y la fiscalía pidió un plazo de cuatro meses de investigación, pero sin contar el período de feria estival, por lo que el plazo real para completar la investigación en el legajo es de cinco meses, con vencimiento el 26 de abril de 2022.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal jefa Betiana Cendón y del fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, quienes relataron que los imputados, entre las 15 y las 16 del pasado domingo 21 de noviembre ingresaron al predio 103 y 104 de Cuesta del Ternero, en el terreno ocupado por la comunidad Quemquemtreu, portando armas calibre 22. "Al ser interceptados dispararon con la intención de darle muerte a Cabrera y a Garay, produciéndole una herida que le perforó el tórax, y le produjo una hemorragia que le causó la muerte".

Cuestionable defensa

Los abogados  defensores de Ravasio, Estanislao Cazaux y Pablo Canelo, como los representantes de Feilberg, Ernesto Saavedra y Luciano Magaldi, se opusieron a los cargos formulados y ambos tuvieron como estrategia que sus clientes relaten su versión de lo sucedido el domingo 21 en Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros al norte de El Bolsón.

Asesorado por sus abogados, Ravasio, quien es socio de Feilberg en la empresa General Simon, y que ambos tienen un contrato para explotar la actividad forestal en el campo que la provincia le cedió por 90 años a la familia Rocco, aseguró que fue la propia Policía que mantenía un retén en el lugar la que les informó que no había quedado nadie en el acampe, como tampoco en el predio ubicado a unos mil metros de ese lugar.

Continuo su relato expresando que decidieron ir a otro sector donde había leña seca y bajaron una carabina calibre 22 para intentar cazar alguna liebre. Ravasio aseguró que de repente apareció un grupo de entre 8 y 9 personas con los rostros cubiertos y los describió como "una jauría de perros". También que le intentaron arrebatar el arma por lo que forcejearon y allí se escapó un tiro. Luego hubo un nuevo forcejeo y la carabina se disparó dos veces más. Lo más llamativo es que para escapar corrieron unos 800 metros y que al llegar hasta el lugar donde había quedado estacionado el Fiat Duna rojo en el que se movilizaban y "me doy cuenta q no tengo la carabina en la mano".

Luego el que dio a conocer su versión fue Feilberg, quien reconoció que desde que comenzó la toma en septiembre, "estuvimos casi dos meses sin poder producir". Y que regresaron al campo porque creían que se había levantado la ocupación: "éramos tan inconscientes de la situación real, que durante todo el camino me tome el trabajo de sacar los alambres que estaban a la altura del cuello, que colocan para que no ingrese la Policía. También había alambres a la altura de los tobillos".

El gerente de General Simon, aseguró que su socio le "salvó la vida", y luego amplió: "Eran como 8 o 9 y yo vi dos con armas. Yo pensé que no salíamos. Si él no reacciona, las víctimas hubiesen sido otras.

Con respecto a la fuga de Esquel y su posterior presentación en una comisaría de Comodoro Rivadavia a 800 kilómetros de su domicilio, argumentó que "lo que hice fue resguardar a mi familia, mi hijo es menor de edad y lo primero que hice fue sacarlo de la zona del conflicto".

En cuanto a las pruebas mencionadas por Cendón para sustentar la formulación, Cazaux plantó dudas con respecto al por qué se lo auxilió a Cabrera y el personal del hospital no pudo certificar la presencia de una persona muerta. "Desde las 15 hasta las 23 (del domingo) no hubo custodia policial sobre el cuerpo de Garay", sentenció.

A la hora de pedir medidas cautelares, Cendón justificó la prisión preventiva con el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. La fiscal enumeró que desapareció el drone que se precipitó al lado del auto de los imputados, que se fueron del lugar por un camino alternativo, que tuvieron que movilizar a todo el Poder Judicial rionegrino y de Chubut para atraparlos y que las chapas patentes del Duna estaban tapadas con pintura para eludir a los investigadores.