Miércoles 8 de Diciembre de 2021

Hoy es Miércoles 8 de Diciembre de 2021 y son las 07:13 // Originarios es una iniciativa de militantxs por los derechos de los Pueblos indígenas de Argentina que formamos parte en diferentes espacios de construcción como la Fundación Napalpi, la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, la Agencia de Noticias Indígenas de Argentina y la Dirección de Pueblos Originarios “Emilia Uscamayta Curi” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional De La Plata.

NACIONALES

25 de noviembre de 2021

El asesinato de Elías Garay en cuesta del ternero: Lo que ocurre cuando el estado no resuelve un conflicto

La decisión de la provincia de Río Negro de incumplir con la ley de emergencia de tierras indígenas y de abordar la situación criminalizando la ocupación acrecienta el problema en lugar de solucionarlo.

El crimen de Elías Garay y las graves lesiones de Gonzalo Cabrera en la comunidad mapuche de Quenquentrew se produjeron en medio de un conflicto que llevaba más de un mes en esa zona de Río Negro y que el gobierno provincial decidió no resolver. Luego de que los territorios de Cuesta del Ternero fueran ocupados, algunos miembros de la Lof quedaron detenidos, hubo desalojos parciales y un grupo táctico de la Policía provincial sitió el lugar aislándolo sin la posibilidad de que los que allí quedaron recibieran alimentos. En ese contexto -y con fuertes tensiones con el empresario que tiene la concesión y explota esas tierras- el domingo pasado dos personas armadas entraron a ese espacio custodiado por fuerzas de seguridad y dispararon contra los dos miembros de la comunidad.

El 18 de septiembre, los integrantes de la Lof Quemquemtrew plantearon la acción como parte de un regreso a tierras deshabitadas desde hace décadas y “a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos” que contaminan la zona. Allí llevan adelante trabajos la empresa de la familia Rocco, que tiene una cuestionada concesión para forestar pinos. De inmediato, su titular, Rolando Rocco exigió el desalojo y a los seis días -a pesar de que había un acuerdo con un fiscal de no utilizar la fuerza- la fiscala Betiana Cendón ordenó un operativo en el que se detuvieron a cuatro personas. Los integrantes de la comunidad denunciaron que ese día les dispararon con balas de goma y de plomo, que le robaron pertenencias y que agredieron a un menor de edad. Desde entonces, la policía provincial cercó los accesos y puso retenes en la ruta.

Luego del crimen el fiscal no hizo las primeras diligencias, como la inspección del lugar y los levantamientos de pruebas. Tras haber acordado entrar al territorio decidió no hacerlo y sostuvo que no estaba garantizada su integridad, a pesar de que organismos y representantes le dijeron que nadie impediría su trabajo. Por lo tanto el cuerpo tuvo que  ser bajado con un chofer y no lo registró en el lugar el equipo forense, con lo grave que eso puede ser para una investigación. 

Dos semanas después del comienzo del conflicto, el procurador provincial finalmente convocó a una mesa de diálogo con Rocco, los fiscales y la comunidad, reconociendo a los representantes mapuches como actores del conflicto que desde distintos sectores piden criminalizar. Hasta el día del crimen se habían registrado avances en las conversaciones. La Provincia decidió no participar de esos encuentros.

Parte de los conflictos con las comunidades mapuche en la Patagonia está vinculada al incumplimiento por parte de la provincia de Río Negro de la ley de emergencia territorial indígena (26.160). Esa norma, que ya tiene 15 años, exige realizar un relevamiento de todos los territorios reclamados por los pueblos originarios pero en Río Negro solo fueron relevadas 55 de 106 comunidades, lo que provoca una situación de indefención jurídica para todes les que no están en ningún registro. A esta frágil situación se agrega que esta ley de carácter excepcional, que vencía esta semana, debió ser prorrogada por el Poder Ejecutivo ya que no llegó a ser tratada en Diputados antes de que se cayera.

Por otro lado, Río Negro también tiene una ley provincial de reconocimiento de la propiedad indígena (2.287), que también está incumpliendo. La aplicación de la norma facilitaría la regulación de esas tierras y podría aliviar varios conflictos.

En muchos casos, las ocupaciones de tierras (recuperaciones, para las comunidades mapuche) son utilizadas por diferentes actores interesados en promover la idea de la violencia mapuche. Pero al mismo tiempo, constituyen acciones que buscan visibilizar conflictos que, de otra manera, serían silenciados en función del avance privado sobre las tierras. La falta de voluntad del Estado para garantizar los derechos ya reconocidos y ampliar políticas de restitución también provoca el conflicto y las protestas.

Desde el CELS reclamamos que la mesa de diálogo avance para darle una respuesta a las demandas de la comunidad y que al mismo tiempo se investigue el ataque en el que se produjo el crimen de Elías Garay y las heridas de Gonzalo Cabrera para que se identifique a los responsables.

Fuente: CELS

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