La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este miércoles dictamen favorable al proyecto para prorrogar por cuatro años la emergencia territorial indígena, que evita los desalojos y vence el próximo martes,durante la reunión de la comisión se produjo una fuerte discusión entre las diputadas y diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

El despacho que cosechó 27 firmas, fue rubricado por el Frente de Todos y bloques provinciales, mientras que Juntos por el Cambio anticipó que presentará su propio dictamen de minoría, en una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller.

Heller defendió la decisión de prorrogar la ley de emergencia territorial indígena al sostener que "nadie cree que se pueda aprobar la ley antes del 23 de noviembre" y dijo que con el DNU luego el Parlamento tendrá "los tiempos para tratarlo como corresponde" ya que "nadie está diciendo que vamos a reemplazar una ley con un decreto".

La diputada de Chaco Lucila Masin dijo que "esta es la cuarta prórroga que estamos intentando dictaminar, sobre el Fondo Fiduciario, con un amplio proceso de crecimiento y de auto reconocimiento de las comunidades indígenas, donde la ley ha permitido revalorizar la identidad indígena”.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano señaló que "nos sumarnos al reclamo por la prórroga de la ley 26.160, que pierde estado parlamentario el 23 de noviembre. Pedimos que tras la firma del dictamen se llame a Sesión Especial, para no depender solo de un DNU”.

El texto aprobado por el Senado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.

También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales.