El Senado dio media sanción a la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena que suspende los desalojos hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras.

La prórroga por cuatro años de la emergencia territorial fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos, siete abstenciones y veinte ausencias entre las que se destacaron las de dos senadores rionegrinos: Silvina García Larrabru (FdT) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) quienes recibieron presiones en su provincia y prefirieron no votar, durante la segunda sesión con presencialidad plena que se desarrolló desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

El texto aprobado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.

También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas.

La senadora por la provincia de Salta Nora Giménez (FdT) informó en un comunicado que, a sugerencia de senadores de la oposición accedió a introducir modificaciones en el proyecto original, involucrando a las provincias y los municipios en la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades; y obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a rendir cuenta anualmente del avance de esa tarea.

La sesión del día de ayer fue seguida desde la plaza de los dos congresos por integrantes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas que incluso realizaron un acampe desde el día miércoles a la espera del debate.

Los pueblos originarios ya se están organizando para estar presentes cuando se lleve adelante el tratamiento en la cámara de diputados de la nación en la próximas semanas, debido al uso mediático y electoral que le ha dado la oposición a la sanción de una nueva prórroga para los cuales la ley 26.160 es una traba en su avance para la usurpación de los territorios ancestrales de las comunidades originarias y afecta directamente los intereses, petroleros, mineros, sojeros, forestales, turísticos e inmobiliarios que el PRO y sus aliados representan.