La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay, solicitaron la realización de un juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, tras cerrar una investigación preliminar abierta en 2014 en la que reunieron testimonios y documentos históricos.

Diego Vigay,  Fiscal Federal Ad Hoc de la unidad de ddhh de la Fiscalía Federal de Resistencia, Chaco dialogo con originarios.ar sobre la realización del juicio por la verdad sobre la Masacre de Napalpi ocurrida en 1924 contra integrantes del pueblo Qom y Moqoit que se llevaría a cabo en el transcurso de los próximos meses, sentando un precedente importante en los casos de genocidios indigenas cometidos en argentina.

La Masacre de Napalpí ocurrió el 19 de julio de 1924, cuando más de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a miembros de las comunidades qom y moqoit que se encontraban protestando por mejores condiciones de vida y laborales en la reducción. Ese día fueron asesinadas, mutiladas y enterradas en fosas comunes más de 400 personas, niñas, niños, mujeres, hombres, ancianos y ancianas. La represión continuó durante meses con la persecución a quienes habían sobrevivido.

El año pasado la Unidad Fiscal concluyó la investigación y, al no existir imputados con vida, solicitó la realización de un Juicio por la Verdad. Se trata de una instancia judicial sui géneris que en la Argentina se implementó por primera vez a fines de los ‘90, cuando ante la imposibilidad de juzgar a los genocidas --entonces protegidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida-- se abrieron investigaciones para determinar el destino de los desaparecidos e individualizar a los responsables, aunque sin la posibilidad de sancionarlos.

Los fiscales analizaron la Constitución de 1853 y el derecho internacional basado en las costumbres y las convenciones de las que formaba parte la Argentina como integrante de la comunidad internacional en 1924, y destacaron que la Masacre de Napalpí encuadra en un crimen que lesiona a la humanidad y por eso el Estado está obligado a juzgarlo. Pidieron que el juicio sea oral y público, con una sentencia que reconstruya la Verdad de lo sucedido y con sentido de reparación histórica a los pueblos indígenas que fueron víctimas y a la sociedad en su conjunto.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, consideraron responsables al entonces presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear, a su ministro del Interior, Vicente Gallo, al gobernador Fernando Centeno y al administrador de la reducción Napalpí, Mario Arigó; por debajo identificaron a decenas de policías chaqueños y gendarmes que perpetraron la masacre, y hasta al piloto y el copiloto del avión que recordaba Rosa Grilo.

La jueza Niremperger confirmó la imprescriptibilidad de los crímenes contra las comunidades Qom y Moqoit, y consideró necesario “transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano”. La búsqueda de la verdad es “relevante no solo en términos de memoria colectiva sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades”, destacó, y convocó al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría Pública Oficial de la Víctima y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco --a la que aceptó como querellante-- para que ofrezcan pruebas.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó a la justicia federal de Resistencia una investigación, realizada desde la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos por un investigador especializado en Historia, fue entregada a la justicia y recorre el período histórico previo al momento de la masacre, el proceso represivo en el que se enmarcaron y las razones que llevaron a las comunidades a rebelarse y protestar por las condiciones en las que vivían y trabajaban. Reconstruye además los hechos que ocurrieron ese 19 de julio de 1924 y da cuenta del rol que tuvieron las fuerzas represivas, agentes judiciales y funcionarios del gobierno del entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear.