Lunes 27 de Septiembre de 2021

Hoy es Lunes 27 de Septiembre de 2021 y son las 14:06 // Originarios es una iniciativa de militantxs por los derechos de los Pueblos indígenas de Argentina que formamos parte en diferentes espacios de construcción como la Fundación Napalpi, la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina, la Agencia de Noticias Indígenas de Argentina y la Dirección de Pueblos Originarios “Emilia Uscamayta Curi” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional De La Plata.

NACIONALES

14 de septiembre de 2021

Informe Especial: Ley 26160 Datos actuales y alarmantes en 15 años de escasa ejecución.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen presento un duro informe donde cuestiona y señala que en quince años desde la sanción de la ley 26160, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) -encargado de efectuar el trabajo- le falta completar el 58% de los relevamientos de los territorios y tiene serias observaciones en cuanto al rendimiento de fondos y al trabajo realizado en campo.

El próximo 23 de noviembre vence la Ley 27400, prórroga de la Ley 26160, sancionada en el año 2006 y prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26554, en el 2013 a través de la Ley 26894 y en el 2017 con la actual, pronta a caducar.

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen lanzaron la campaña X nueva prórroga de la Ley 26160, con la intención de informar, visibilizar e incidir con relación a la necesidad y urgencia de prorrogar la Ley, hoy 27400, antes de la fecha de su tratamiento.

En su documento que adjuntamos, señalan que desde el 23 de noviembre de 2006, en que se sancionó la ley 26160, ha exigido de manera incansable al Estado Nacional y al ente responsable por ley de llevar a cabo el relevamiento, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), su cumplimiento.

En diferentes documentos que señalan como irrefutables, publicados en los años 2011, 2013 y 2020, ENDEPA ha sido claro en sus denuncias y pruebas del incumplimiento estatal por falta de voluntad política de reconocer la posesión de los territorios a las Comunidades Indígenas en el país, transformando una ley nacional en una máscara de hipocresía que costó millones al pueblo argentino.

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