El pasado fin de semana “vecinos” de Esquel y Trevelin se movilizaron bajo la consigna “Todos por nuestro Parque” que llegó hasta la Villa Futalaufquen con el pretexto de pedir el resguardo del Parque Nacional Los Alerces, la movilización no fue casual y se dio en el contexto de la vista a la zona cordillerana de Chubut de la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri Patricia Bullrich, quien además visitó el lugar donde fue hallado el cuerpo de Maldonado y filmó un provocador video que difundió a través de redes sociales.

Bullrich tal cual como lo realizo durante la gestión macrista, busca instalar el relato del enemigo interno contra el pueblo mapuche, incitando a movilizaciones como la que se produjo, donde participaron personas que viajaron desde Bariloche identificadas con el Partido Libertario a las que se le sumaron las pro mineras, la Sociedad Rural local y allegados del autodenominado sindicato de guardaparques nacionales de la república argentina (SIGUNARA), portando bandera y carteles contra las comunidades prexistentes a la formación de lo que se conoce hoy como el Parque Nacional Los Alerces.

La Administración de Parques Nacionales (APN) se creó durante la década infame de argentina (1934), bajo la presidencia de facto del general Agustín Justo quien sanciona la ley Nº 12.103 que constituye el basamento legal para la creación de las áreas protegidas nacionales, en 1937 crearon el Parque Los Alerces, con desalojos, quema de rucas y reubicación forzosa de pobladores, situación similar a la ocurrida en otras áreas que hoy comprenden los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanin, donde la población originaria fue desalojada con la misma metodología, quema de ruca, desalojos y reubicación forzosa.  

La movilización apunto directamente a la Lof Pailako Futalafken Mew que en enero del año pasado, regresó a su espacio tradicional ubicado entre Trevelín y Esquel, dentro de la jurisdicción de la Administración Nacional de Parques Nacionales (Parque Los Alerces), lugar hasta donde llego la caravana reclamando mano dura contra la comunidad mapuche-tehuelche.

El juez federal Guido Otranto es quien interviene en el expediente por presunta usurpación de la Lof Pailako Futalafken Mew, el mismo juez del proceso de extradición a Chile del logko de la Lof en Resistencia Cushasmen Facundo Jones Huala, del homicidio de Santiago Maldonado y del conflicto que mantiene la comunidad Nahuelpan con la empresaria María Elena Paggi de Esquel.