La Masacre de Napalpi ocurrió en el 19 de Julio de 1924 en la reducción indígena ubicada en el Territorio Nacional del Chaco, cuando la población  Moqoit y Qom llevó adelante una huelga importante por las  condiciones de vida y de trabajo infrahumanas que padecían.

Ello fue respondido con una represión salvaje perpetrada  por el Estado Nacional a través de 130 efectivos de la Policía de Territorios Nacionales y Gendarmería que a tiro de fusil durante una hora y luego a machete y bayoneta asesinaron a centenares de niños, mujeres, ancianos y hombres.

Los Fiscales Federales  Federico Carniel , Carlos Amad , Patricio Sabadini y el ad hoc Diego Vigay , desarrollaron el planteo de que la Masacre de Napalpi al constituir un crimen de Lesa Humanidad cometido por el Estado Argentino, debe tener una instancia de juzgamiento penal en un juicio por la Verdad que sea oral y público,  como única forma  cumplir con  el compromiso internacional asumido.

En ese marco analizaron la Constitución Nacional de 1953 y el Derecho Internacional  basado en las costumbres y las Convenciones   establecidas a fines del 1800 y principios del 1900, de todo lo cual formo parte la Argentina como integrante de la comunidad internacional, por lo que claramente la Masacre de 1924 está contemplada como  un crimen que lesiona a la humanidad toda y la obligación de su juzgamiento.

Por otra parte consideran que “existen fundados antecedentes en el proceso de juzgamiento de crímenes de la última dictadura, de  juicios por la verdad en diversos tribunales federales de todo el país  en los años 90, cuando estaban aún vigentes las leyes de punto final y obediencia debida, incluso en el Chaco con un juicio por la verdad impulsado por el Juez Federal Skidelsky que luego devino en los juicios Caballero 1 y Masacre de Margarita Belén, así como también la Cámara Federal de Resistencia estableció en el año 2015 la imprescriptibilidad en el fuero penal de la Masacre de Rincón Bomba ocurrida en 1947 contra el pueblo Pilagá en el Territorio Nacional de Formosa”.

Últimamente consideran que “el Juicio debe ser oral y público con la reproducción de los testimonios de los sobrevivientes en formato audio visual, de los descendientes por la tradición del relato oral y de una veintena de investigadores, antropólogos e  historiadores  y que el mismo sea trasmitido por las redes sociales como Youtube y Facebook , para que pueda ser asistido por las comunidades  Moqoit y Qom y la sociedad en su conjunto, como una de las partes de la reparación que se busca”.

La investigación

La Fiscalía  impulso una importante  investigación preliminar, donde durante varios años  se fueron recogiendo  las voces  de los sobrevivientes Qom y Moqoit de la masacre, tomándose los  testimonios de  los abuelos  Pedro Balquinta y  Rosa Grilo, agregando  entrevistas grabadas y la declaración de los hijos de Melitona Enrique y Rosa Chara  y  también las voces de Manuel López, Julián Pereira, Marina Alsina  y Mercedes Dominga ,a través de los relatos de algunos de sus descendientes .

Asimismo, se reunió un cumulo muy importante de documentos históricos que fueron aportados por instituciones provinciales y nacionales como las Memorias y de los Informes de la Comisión Honoraria de Reducciones del Ministerio del Interior de la Nación, Documentación de la Reducción Napalpí, de la Intervención del Territorio Nacional del Chaco, los legajos del Gobernador Fernando Centeno, del Comisario Diego Uribarrie Jefe de Policía Territorio Nacional del Chaco y de los Oficiales Sainz Loza y Vicente Attis, documentos  del Archivo General de la Nación , el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el Diario El Heraldo del Norte con su investigación periodística sobre la Masacre en su Edición Especial de 1925, el Expediente Judicial N° 910/24 “ Sublevación Indígena en la Reducción Napalpí” resguardado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, documentación aportada por el Aéreo Club Chaco, fotografías de la Reducción y del avión utilizado tomadas por el antropólogo Lehmann-Nitsche, entre muchos otros documentos.

Un mes después de la matanza, el 29 de agosto, el ex director de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta al Congreso nacional:

“La matanza de indígenas continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos”.

La prensa de la época repitió el discurso del gobierno u omitió el hecho. Pero hubo excepciones. El periódico Heraldo del Norte denunció:

“Sin que los inocentes indígenas realizaran un solo disparo, los atacantes hicieron repetidas descargas de disparos en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres. Se produjo la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”.

El corresponsal del diario La Razón escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra en flor están en poder de los pobres indios; quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.

El sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, se especializa en el proceso represivo de Chaco. Explica que Napalpí fue parte de un sistema de reducciones estatales implementado en Chaco y Formosa, suerte de campos de concentración para poblaciones originarias donde se ejercían acciones de control y dominación.

Igualmente se sumaron  importantes  trabajos de investigación científica y en muchos casos los testimonios de Historiadores e Investigadores sobre  la Reducción y  la Masacre de Napalpí como Juan Chico, Mariana Giordano, Elizabeth Bergallo,  Marcelo Mussante, Lena Dávila, Alejandro Covello, Teresa Artieda,  Laura Rosso, Pedro Solans, Carlos Díaz y Mario Vidal. Y como contexto, trabajos de reconstrucción histórica del Genocidio Indígena de los Investigadores Mariano Nagy, Héctor Hugo Trinchero, Diana Lenton, Marcelo Walko, Darío Aranda y Nicolás Iñigo Carrera, entre otros.

En ese plano también están los trabajos de Excavaciones y Exhumaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Colonia Aborigen en el año 2019.

Además existe como prueba de contexto una investigación sobre la Masacre del Zapallar contra población indígena ocurrida en 1933  también en el Territorio Nacional del Chaco y que cuenta con importante documentación y testimonios, aportados por el Investigador Rubén Guillón.

Los testimonios de él y las sobrevivientes

Juan Chico investigo, público y mostro el relato y testimonio de la Masacre de Napalpí, los aportes que a través de su trabajo realizo se encuentran en el libro "Las voces de Napalpí" y Juan escribió (junto a Mario Fernández) el libro “Napalpí. La voz de la sangre” Recordó que las comunidades siguen peleando para que el lugar se vuelva a llamar Napalpí, detalló que los asesinados fueron al menos 700 personas (mucho más de los 200 que mencionan los diarios de la época)

También por entonces, trazó un paralelo al presente: “Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos humanos de segunda, parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado”.

A fines de octubre del año 2018, Juan Chico se reunió con la familia de Rosa Grilo, que reside en Colonia Aborigen, lugar donde antiguamente se encontraba Napalpí. Y allí habló con la mujer de la comunidad qom, que se estima que por aquellos años tenía entre 105 y 110 años, y cuando era niña logró escapar junto a su madre de la matanza cometida por la Policía del Chaco –que entonces no era provincia sino territorio nacional– en la que murieron asesinados al menos dos centenares de pobladores originarios de los pueblos qom y moqoit.

Los responsables de la Masacre según la investigación preliminar

El Presidente de la Nación Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco; el Ministro del Interior Vicente Carmelo Gallo; el Gobernador Interventor del Territorio Nacional del Chaco Fernando Centeno; el Administrador de la reducción Napalpí, Mario Arigó; el Jefe de la Policía del Chaco, Comisario Inspector  Diego Tomas Ulibarrie; Comisario de Órdenes, Roberto Sáenz Loza; Comisario de Quitilipi, José B. Machado; Oficiales de Policía, Vicente Attis, Ernesto R. Cordini, Julio G. de la Fuente, Rufino Godoy, Miguel Noguera y Apolinario Zabroso.

Los agentes de la Dotación Resistencia de la Policía:  Salvador Colman, Anselmo Mendieta, Ramón Mandonado, Tomas Zalazar, Domingo Beltrán (h), Fernando Ramírez, Nicolás Mendoza, Marcos Varga, Felipe Cabrera, Rufino Galarza, Juan Ramírez, José R. Benítez, Tomas Maidana, Simón Rojas, Homero Prado Lima, Ambrosio Olivera, Guillermo Monje, Marcial Molina, José Cañete, Emilio Maidana, Luis Ferreyra, Zenobio Martínez, Juan Quiroz, Isidro Castillo, Diego López, Gil Núñez, Pedro Machado, Manuel Barrientos, Persi Kin y Pablo Galarza.

Los agentes de la Dotación Quitilipi de la Policía:  Nuñez Remigio, Nicasio Lieres, Eusebio Arce, Jorge Sosa, Eulalio Casco, Santos Casco, Claudio Sosa, Venancio Verón: los agentes de la Dotación Roque Sáenz Peña de la Policía:  Silverio Cabrera, Lucio Moratti, Francisco Cabral y Víctor Ayala: los integrantes de la Policía de Territorios Nacionales y de Gendarmería: Sargentos Alejandro Verón y Palacios Esteban, Cabos  Secundino Yedro,  Hipólito Fruto, Gómez Facundo, Macario Verón, José Esquivel, Joaquín Sánchez, Alejandro Seisdedos; y los gendarmes Tomas Gómez, Enrique Gómez, Eugenio Insaurralde, Víctor Aguirre, Tomas Maidana, Pablo Alegre, Hortensio Alegre, Francisco Toledo, Ramón Valenzuela, Lucio Pared, Francisco Godoy, León Gómez, Victoriano González, Urbano Alegre, Vicente Alvarez, Matías Colmas, Manuel Ramírez, Ricardo Mortola, Justino Hoyo, José Lino Lescano, Felipe Villalba, Teófilo Gonzáles, Tiburcio Toledo, Eduardo Dau, José Martinez, Juan C. Molina, Albino Medina, Simeón Rajoy , José M. González, Carlos Toro, Pedro Aguirre, Florencio Caballer , Máximo Ramírez, el piloto de aviación  sargento Emilio Esquivel y el  copiloto Juan Browis.