Fue un inicio friccionado para una jornada que resultó emocionante, llena de simbolismos y con balances positivos para gran parte de las y los constituyentes, y que dio inicio formal a un proceso histórico, que terminará con la actual Constitución, gestada en dictadura. La ceremonia de instalación debió ser suspendida por más de dos horas, debido a enfrentamientos a las afueras de la sede de Santiago del Congreso Nacional, hecho que dio inicio a las primeras gestiones y conversaciones de las y los constituyentes.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, 51 personas fueron detenidas durante las diversas manifestaciones que ocurrieron en el centro de Santiago. También se reportaron heridos por el accionar de carabineros, un clásico de la fuerza represiva cada vez que se moviliza el pueblo.

Pasado el mediodía, fue retomado el acto, la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares dio inicio a la elección de presidenta o presidente de la instancia, siendo escogida Elisa Loncon Antielo, convencional constiyuyente mapuche.

Tras ser elegida como presidenta de la instancia con 96 votos, la constituyente mapuche, Elisa Loncon, saludó «al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia, en la isla, a todo el pueblo que nos está escuchando». «Aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes agrupaciones que depositaron su sueño en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una mapuche mujer, para cambiar la historia de este país», agregó.

Loncon comenzó a ejercer su cargo para dirigir la elección de la vicepresidencia, que no tuvo resolución inmediata. Después de una tercera vuelta, el escogido fue Jaime Bassa, abogado de la lista Apruebo Dignidad, con 84 votos.

“Hoy día empezamos a transitar un camino republicano, pero también un camino popular, un camino de representación democrática, pero también de participación social”, declaró Bassa al ser electo vicepresidente. Asimismo dijo que “el desafío que tenemos ahora de aquí en adelante es ser capaces de construir esa trenza desde la justicia, desde la inclusión, desde el respeto y desde la diversidad”.

Entre los primeros desafíos que van a llevar adelante la presidenta y el vicepresidente de la convención, es la de realizar una declaración sobre la situación de los presos de la revuelta, donde hay una intención de solicitar la amnistía. La primera sesión oficial de las y los constituyentes y su mesa está pactada para las 15 horas de chile, en la sede de Santiago del Congreso. Desde el martes al jueves, en tanto, esperan sesionar de 10:00 a 17:00 horas. Paralelamente, distintos bloques de constituyentes tendrán sus reuniones particulares.

La convención (integrada en partes iguales por hombres y mujeres, algo inédito en el mundo) y por 17 representantes de los pueblos indígenas, tendrá un plazo de nueve meses para presentar la nueva carta fundamental, pudiendo ser ampliado por otros tres meses en una sola oportunidad.

Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un plebiscito para aprobar o rechazar el nuevo texto propuesto.

¿Cuáles son los temas que entrarán en debate y que son claves para sentar las reglas del juego que regirán a Chile en los próximos años o décadas?

Rol del Estado

La necesidad de contar con un Estado más fuerte en lo social fue reclamado en las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019, donde se pedía mayor protección en áreas como la salud o educación.

Para los expertos, la pandemia vino a evidenciar aún más la importancia de tener un Estado más protagónico y que garantice algunos servicios básicos para la ciudadanía trasandina.

En esta discusión, lo central será definir cuáles son los derechos que garantizará el Estado y de qué forma lo hará.

Régimen de gobierno

Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el jefe de Estado (en este caso Sebastián Piñera) ostenta el poder Ejecutivo.

Sin embargo, en los últimos años han surgido cada vez más cuestionamientos hacia este modelo por quienes consideran que el mandatario tiene demasiadas atribuciones. Ya han comenzado a asomar algunas propuestas de cambio, entre ellas, un semipresidencialismo o parlamentarismo.

Hay otras propuestas sobre la mesa como un "presidencialismo parlamentarizado", donde el presidente podría disolver el Congreso por una sola vez, o el Congreso podría censurar al presidente.

Reconocimiento de los pueblos originarios

La definición de los derechos para los pueblos indígenas y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas "fundamentales" de la Convención.

La Convención Constitucional incorporo a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10 pueblos originarios reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aymaras, quechuas y diaguitas.

Entre las demandas de los indígenas está la de crear un Estado plurinacional, con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.

Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental. En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones.

Medioambiente y derechos del agua

La Constitución actual chilena estipula el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

Sin embargo, para algunos esta declaración no es suficiente para abordar de forma más integral la problemática detrás del cambio climático. Este debate no sólo es importante por los efectos en el medioambiente sino porque también puede afectar el modelo de desarrollo chileno.

Además, se instalará una fuerte discusión respecto a los derechos del agua. Entre quienes han estado a favor de una nueva Constitución proponen, entre otras cosas, que esta debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público. Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso.