La comunidad hizo las denuncias pertinentes pero no lograron la respuesta  de la justicia, la cual si respondió la denuncia de Paggi mediante orden del Juez Criado, quien notifico a los miembros de la comunidad por “prohibición de contacto” aduciendo que Paggi es “la víctima”.

Daniel Nahuelquir  miembro de la comunidad  Nahuelpan expreso que María Elena Paggi es empresaria de Esquel y que el pasado 8 de febrero tuvo el primer cierre de la tranquera y cierre del camino ancestral de acceso a las viviendas de Catalina y Ángel Quilaqueo. Paggi no sólo se ha quedado con el territorio mapuche, sino que pretende quedarse con el camino de la comunidad.  Nahuelquir agregó también que cuando  como comunidad decidieron abrir el camino  sufrieron  amenazas de uno de uno de los encargados (empleado de Elena Paggi) el cual lo intimidó con arma blanca y rifle  “aparece uno de los encargados que particularmente me buscaba a mí con nombre y apellido y pidiendo que yo me haga presente en el lugar intimidándome con arma blanca y con rifle” expresó.

La comunidad también denuncia que el sistema judicial de la provincia de Chubut, termina criminalizando a los indígenas en vez de hacer respetar sus derechos territoriales. La comunidad  vive históricamente el abuso de poder de María Paggi y su familia, quien en el mes de febrero de este año hizo una zanja en el camino vecinal impidiendo el paso a la familia Quilaqueo, Llancaqueo.  Ante esta situación  Catalina Quilaqueo, una señora mayor de 70 años se descompensó  y ni siquiera pudo pasar la ambulancia, la comunidad hizo las denuncias pertinentes ante la justicia pero esta no actuó debidamente.  

La comunidad decidió reestablecer el camino pero nuevamente  en el mes de mayo Maria Paggi, sacó la tranquera del camino y puso alambrados, dejando encerrados a la familia Quilaqueo y Llancaqueo nuevamente.  Frente a éste nuevo atropello, la comunidad realiza la denuncia pero la justicia no actúa. Así que nuevamente la comunidad reestablece el camino, ésta vez llega María Elena Paggi con varios policías al mando del Comisario Nicolás Ariel Vera, quien se refiere al territorio de la comunidad Nahuelpan como “el interior del campo” de la  señora María Elena Paggi.  El Comisario luego solicita al Juez Jorge Criado  una medida de prohibición de contacto ante la “victima la señora Paggi”. Y a pedido el Juez Criado, el 3 de junio firma una “prohibición de contacto”, porque según él se trata de  “violencia de género” contra la señora Paggi. Ante esta orden judicial  la policía fue a notificar a miembros de  la comunidad Nahuelpan entre ellos a Betiana Jaqueline Antichipay, Daniel Rupallan y a Mauricio Ariel Quilaqueo.

Un juez que justamente  había sido cuestionado por  expresarse  a favor del acoso sexual  y  en contra de los derechos de las mujeres. En diciembre del año pasado, la Organización de Naciones Unidas  admitió el pedido de recusación presentado por las comunidades mapuche contra este Juez, quien fue denunciado múltiples veces por racismo en contra de los pueblos originarios.  La resolución judicial a favor de María Paggi es una evidencia más que éste juez  tiene una marcada parcialidad a la hora de impartir justicia, beneficia a terratenientes y empresarios; que a las comunidades Indígenas.

Desde el año 1937, el abuelo de María Paggi ya se había adueñado de territorio mapuche de la comunidad Nahuelpan,  quitándoles nueve leguas y expulsando violentamente a los mapuches. De esas leguas el pueblo mapuche solo pudo recuperar  tres leguas.   Daniel recuerda “en el año 1937 cuando se hace el desalojo, van y sacan a las familias y a todas las personas que no se querían ir les quemaban las casas, les mataban los animales, inclusive si alguno tenía alguna chacra o  algo parecido, se la pisoteaban  y pasaban con lo que tenían por encima y así podían dejarlo despojado  para que se pueda ir del lugar y a los que no se querían ir por su puesto los cargaban y los llevaban a otros lados (… ) se usan hoy los mismos métodos,  hoy el desalojo que está haciendo la señora Paggi, ella tiene más de una legua de campo que le corresponde a la comunidad  Nahuelpan”. En 2021 los descendientes de quienes expulsaron de sus territorios indígenas en el siglo XIX y XX, hoy  siguen cometiendo todo tipo de violación de derechos indígenas con la complicidad de jueces  y fiscales  de  la justicia  provincial de Chubut.