El Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO), emitió un comunicado respecto a la situación que está atravesando la Comunidad Normenta Pacha integrante del  pueblo Ocloya, viene soportando varias amenazas con respecto a sufrir un inminente desalojo, su comunera Carolina Flores ha sido citada a declarar el 29 de abril a las 9 de la mañana a la Fiscalía Penal, delegación N° 1  a cargo de la Dra. Verónica Vidal,  calle Entre Ríos Nº 400, en Libertador General San Martin, provincia de Jujuy.

El pueblo Ocloya resiste y defiende el territorio y solicita que los organismos del estado garantes de los derechos de los pueblos indígenas, intervengan ante tanto atropello de resoluciones judiciales que no contemplan los derechos de los pueblos indígenas, interpelan al    Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a la Secretaria de Pueblos Indígenas y las diferentes entidades públicas para que apliquen un Protocolo de Intervención en Comunidades Indígenas, el cual elaboraron en estos últimos meses para evitar que el sistema judicial, y sobre todo los jueces realicen resoluciones sin contemplar ningún derecho  a los pueblos originarios y por ende sin reconocer el territorio ancestral que tradicionalmente ocupan.  El pasado 5 de abril el pueblo ocloya, junto a otras organizaciones y comunidades presentaron el protocolo al Fiscal General Dr. Enrique Lello Sanchez, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.

Las comunidades están en alerta, para evitar que haya avances de alambrados en territorio ancestral. Exigen la aplicación plena y efectiva de ley 26160 ante intento de despojo en Comunidad Indígena Normenta Pacha – Pueblo Ocloya, la cual cuenta con Personería Jurídica 012/11 S.DD.HH. y  pósee  la  Carpeta Técnica con Resolución en el marco de ley 26160, la cual sigue vigente a través de prorroga 27400.

También  denuncian a Mario Rojo quien  viola sistemáticamente  la Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria,   ya que se presenta como administrador e intenta usurpar parte del Territorio Comunitario que tiene un valor cultural y espiritual reconocido por el estrado argentino, y que sus pretensiones es hacer  un negocio inmobiliario y turístico. Y al llegar al territorio comunitario con el alambrado que intenta hacer, afecta viviendas y paso a ancianos miembros integrantes de la Comunidad, Flora Cruz Peñalba 73 años, Maria Yolanda Torres 66 años, diabética y presión alta; Reimundo Tolay 88 años con limitada visión, que al ser una persona mayor, fueron obligados a firmar papeles apócrifos y  fueron privados  de usar agua de cisterna.