La Legislatura neuquina aprobó una ley que obliga a la provincia a aplicar un protocolo para consultar a las comunidades antes de avanzar con proyectos que puedan afectarlas.
La Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad la ley de consulta previa, libre e informada, que obliga a la provincia a aplicar un protocolo de consulta a las comunidades indígenas antes de avanzar con proyectos que pudieran afectarlas. El texto fue impulsado por las comunidades mapuche y fue consensuado con el gobierno provincial, como parte de una mesa de trabajo conjunta.
La consulta previa, libre e informada es un procedimiento elaborado entre la Confederación Mapuche de Neuquén y el Ejecutivo provincial, vigente por decreto. La sanción de la ley elevará el rango de la normativa aplicable a medidas administrativas de distintos organismos ejecutivos que puedan afectar intereses de comunidades indígenas con personería jurídica reconocida por la Secretaría de Desarrollo Territorial (Autoridad de Aplicación).
Se trata de un paso histórico por ser la primera ley de consulta previa aprobada en el país y un ejemplo de articulación virtuosa entre autoridades públicas y comunidades indígenas.
En Argentina el marco normativo reconoce a las comunidades indígenas el derecho a poseer y ser propietarias de sus territorios y, también, a ser consultadas ante decisiones que las afecten. Sin embargo, muchas de las comunidades enfrentan de manera permanente avances inconsultos sobre sus territorios que amenazan sus modos de vida, con frecuencia con connivencia o apoyo explícito por parte de los gobiernos y el poder judicial de cada provincia. Además, la mayoría no tiene un reconocimiento jurídico respecto de la posesión de los territorios donde habitan desde hace generaciones y se encuentran en una situación de mucha fragilidad para defenderse de estos avances.
En 2006 se aprobó la ley 26160, que establece la obligatoriedad de relevar todos los territorios de los pueblos indígenas del país. Pero, 17 años después, aún más de la mitad de las comunidades no tienen su territorio relevado. Por otro lado, tampoco se ha aprobado una ley que permita hacer efectivo el derecho a la “propiedad comunitaria”, reconocido en el texto de la Constitución Nacional.