La Comunidad Indígena Tulián y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras, participaron, este 12 de febrero, de una jornada clave para frenar el avance de las obras en el Perilago del Dique Cruz del Eje, que actualmente se encuentran parcialmente paralizadas tras un Amparo Ambiental Colectivo.
La instancia judicial definirá cómo continúa el proyecto, cuestionado por graves irregularidades en su estudio de impacto ambiental.
A través de un comunicado público, la comunidad y vecinos socio-ambientales, informaron que durante la mañana se realizó la inspección ocular en el sitio de las obras del perilago y por la tarde la audiencia judicial en los tribunales de Cruz del Eje .
En la inspección, los equipos técnicos sostuvieron que no existirían restos arqueológicos en el área. Sin embargo, al finalizar el recorrido, el propio equipo de arqueología exhibió alrededor de diez cajas con materiales hallados en el sitio, confirmando la existencia de restos que contradicen afirmaciones previas.
Esta instancia se desarrolló en un contexto de marcada desigualdad, mientras la Comunidad y la Asamblea participaron con una presencia reducida, más de cuarenta funcionarios y especialistas representaron a la Provincia y sus organismos técnicos.
«En la audiencia judicial, la estrategia de nuestras abogadas se centró en señalar el incumplimiento del derecho constitucional a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de la Comunidad Indígena Tulián antes del inicio del proyecto», indicaron.
Desde Lotería de Córdoba se propuso conformar una “mesa de diálogo abierta y permanente” y se ofrecieron disculpas por errores técnicos en el inicio del emprendimiento, mientras la Comunidad respondió con claridad que «el derecho a la consulta no puede reemplazarse por instancias posteriores cuando debió garantizarse antes de proyectar e iniciar las obras».
Asimismo, el equipo de arqueología reconoció que el sitio forma parte del histórico Camino de las Carretas y Camino de las Estancias, vinculado a la antigua Estancia Siquiman y a la presencia de población afro esclavizada en la región, confirmando la profunda densidad histórica y cultural del territorio.
Mientras se desarrollaba la audiencia, vecinos, asambleas ambientales y medios comunitarios acompañaron en las puertas de Tribunales, transmitiendo en vivo y difundiendo adhesiones de organizaciones ambientales, políticas, sociales, comunidades indígenas y religiosas de toda la provincia. Al finalizar, las abogadas y Mariela Tulián informaron públicamente lo acontecido.
La jornada permitió evidenciar contradicciones técnicas y cuestionamientos al Estudio de Impacto Ambiental, reafirmando que no se trata de un espacio vacío, sino de un territorio vivo, cargado de memoria, identidad y significado.
Seguimos en posición de defensa, con claridad, coherencia y responsabilidad. Defender el territorio es defender la memoria, el agua, el monte y la vida de las generaciones presentes y futuras.