Hostigamiento mediático a una abogada de Comunidades Originarias que resisten un emprendimiento de la familia Bulgheroni.
Por Analía Brizuela
A mediados de setiembre, el sitio digital especializado Litio Argentina publicó dos artículos (1) con información dirigida a desprestigiar a la abogada jujeña Alicia Chalabe, que patrocina hace más de una década a las comunidades originarias kollas de Jujuy, batallando contra la minería extractivista que acecha la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. El portal acusó a la letrada de tramitar pedimentos mineros de la Cooperativa de Mineros de Salinas Grandes a su favor personal, para iniciar la exploración de salmueras de litio bajo el humedal de la puna jujeña, actitud que traicionaría a las comunidades que ella misma patrocina.
El episodio de hostigamiento mediático ocurrió pocos días después que los organismos de DDHH CELS, FARN, SERPAJ, ANDHES y lxs comunerxs del humedal demandaron ante el Supremo Tribunal jujeño la inconstitucionalidad de un decreto provincial de 2023 que favoreció a Lition Energy del grupo PAE, en sociedad con la familia Bulgheroni, para explorar oro blanco en el sur de la gran Salina.
Las primeras en reaccionar fueron las propias comunidades kollas de esa cuenca jujeña, en un comunicado oficial publicado el 18 de setiembre donde el colectivo originario primero defendió a Chalabe. “La doctora NO (sic) tiene intereses personales en la explotación de litio ni en ningún otro recurso natural de la Cuenca. Su rol es estrictamente como asesora legal de nuestras comunidades, un papel que ha desempeñado con integridad, compromiso y transparencia durante más de 15 años”. Luego desmintieron la acusación: “en los procedimientos mineros que mencionan (por el portal minero, NdR), hemos incluido todos los minerales (litio entre ellos) para evitar que las multinacionales se apropien de nuestros recursos y destruyan la cuenca. La decisión de no explotar el litio y proteger nuestra agua, territorio y vida fue tomada en asamblea comunitaria”. Cerraron aseverando que el ataque “no nos debilita, sino que nos fortalece en nuestra convicción de seguir defendiendo nuestra tierra, agua y cultura. No seremos silenciados por las mentiras y manipulaciones de quienes buscan el saqueo de nuestros recursos”.
Link: https://www.instagram.com/p/DAEbbiSyNys/
La trama de acusaciones y comunicados podría quedar inmersa en la mesa chica jujeña, si no se ubica la serie de ataques contra la abogada en el contexto de esa demanda que presentó Chalabe, en representación del colectivo originario jujeño. Apuntó contra la minera que es subsidiaria de Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, que a su vez pertenece a China National Offshore Oil Corporation y Bridas Corporation, la última de la familia Bulgheroni. Lo que cuestionaron fue que mediante ese mecanismo vigente – el decreto 7751/2023 – el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de un catastro minero que lleva el nombre de Mina Agonic en favor del grupo PAE, aunque en contra de las comunidades, que ya habían rechazado explícitamente al proyecto extractivista durante un plenario en la localidad puneña de El Moreno. Ese encuentro fue convocado por las comunidades de la cuenca a mediados de marzo de 2023, un mes después de la entrada en vigencia del decreto.
UBICACIÓN DE MINA AGONIC EN LA WEB DE JEMSE
Con ese instrumento legal que regula el impacto ambiental, el ex gobernador jujeño Gerardo Morales habilitó a las empresas a superar el escollo de la licencia social de las comunidades originarias. El artilugio fue posible con una cláusula en el anexo del decreto que establece como suficiente una reunión informativa, sea con un comunero o comunera, con parte de los miembros de una comunidad, o con una comunidad de un colectivo para obtener el consentimiento. En el caso de la cuenca que componen Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, el colectivo originario está compuesto por más de treinta comunidades. Fue con algunos miembros de una sola de dichas comunidades, denominada Lipán, con quienes el gobierno jujeño selló el acuerdo en favor de Lition Energy.
GERARDO MORALES EN EL ENCUENTRO EN EL MORENO_MARZO DE 2023. Gentileza Comunidades de la Cuenca
Decreto en mano, en marzo de 2023 Morales viajó con su gabinete hasta la plaza del pueblo puneño de El Moreno. Las comunidades lo esperaron para repudiar el proyecto. Morales escuchó a los principales referentes repetir que no estaban de acuerdo con el permiso a para la explotación minera. Después tomó la palabra y les dijo que el litio era el desarrollo en la Puna, para luego dar media vuelta y viajar con la comitiva oficial hacia las alturas de Lipán, donde se encuentra la comunidad que acordó, y terminar con el papeleo de la licencia social.
Persecuciones y el reclamo por la consulta indígena en la ONU
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contextualizó la trama de persecuciones contra la abogada Alicia Chalabe en el acoso que sufrieron otros profesionales, también defensores de los derechos humanos e indígenas en Jujuy, durante y después de la Reforma Constitucional aprobada en junio de 2023. Al desglosar la proliferación de noticias falsas enfocadas en desprestigiar a la abogada de las comunidades, señaló en un comunicado emitido el 26 de septiembre, que la metodología de las fakes news también pretende generar “un clima de autocensura” dirigida a cualquier persona “que se atreva a oponerse al negocio de la extracción de litio”.
“Alicia Chalabe es la abogada histórica de las comunidades y ante la serie de hostigamientos, calumnias e injurias publicadas en ese portal minero, vemos con preocupación que el Estado jujeño no la protege”, remarcó durante una entrevista Laura Castillo, abogada del equipo de FARN. En este caso puntual, explicó, el Estado provincial jujeño incumplió con el acuerdo de Escazú “que en nuestro país está vigente desde el año 2021 y estableció la protección de las personas defensoras del ambiente para que puedan trabajar sin amenazas”.
Castillo se refería al artículo 9 del tratado, que compromete a los Estados firmantes a “garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad». La provincia jujeña ya aplicó el Acuerdo de Escazú en 2022, cuando el Juzgado Ambiental de esa provincia respondió a una demanda que presentaron las comunidades kollas de la cuenca que representa Chalabe, para que el Estado provincial facilitara información relacionada con el expediente de Mina Agonic, que ese año ya tramitaba autorización de exploración sobre el catastro minero 94-B-2002 de otra subsidiaria de Pan American Energy.
FARN envió hace unos meses atrás a uno de sus miembros a la puna jujeña para realizar un informe técnico a pedido de la Comunidad Originaria de El Angosto del Moreno por la superposición de territorios originarios sobre Mina Agonic. “En respuesta a la solicitud expresa del Sr. Clemente Flores, líder de la Comunidad Originaria de El Angosto del Moreno, ubicada en la cuenca de Salinas Grandes, provincia de Jujuy, Argentina, y en mi calidad de docente del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), me presenté el 26 de julio de 2024 en el territorio de la mencionada comunidad”, comenzó su informe el geólogo Marcelo Sticco. Consignó que la visita fue “para verificar in situ las coordenadas geográficas de los límites territoriales de esa comunidad, previamente establecidos por la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de la Provincia de Jujuy”, más la ubicación de diversas instalaciones pertenecientes a la Mina Agonic, operada ya por la empresa Lition Energy,
El relevamiento concluyó que el ochenta por ciento del área de ese catastro minero se encontraba dentro del territorio de la Comunidad El Angosto, distrito de El Moreno. Como Lition Energy nunca obtuvo la licencia social de esa comunidad, el estudio tiró por la borda la legitimidad del acuerdo que Morales y su comitiva gestionaron para la minera del grupo PAE aquel marzo de 2023.
Como colofón, una comunera de la cuenca fue invitada por Indian Law Resource Center (ILC) a participar del último encuentro de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Beatriz Gutiérrez, de la comunidad de Cochagasta, llevó consigo el mandato de exponer ante distintos funcionarios o relatores de Naciones Unidas la situación que atraviesan las comunidades originarias jujeñas del humedal ante el incumplimiento sistemático del gobierno jujeño a la consulta previa, libre e informada según el Convenio 169 de la OIT que Argentina ratificó en 1992. Fue en el marco de la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde denunció al gobierno jujeño de Gerardo Morales por otorgar tierras indígenas a compañías mineras en 2023 sin el consentimiento. Es el meollo de la cuestión: las comunidades de la Cuenca habían desarrollado su propio protocolo de consulta en 2014 – que llamaron Kachi Yupi – para asegurar que sus derechos fueran respetados en situaciones que involucraran explotación de recursos. Gerardo Morales en campaña les prometió aplicarlo, pero una vez gobernador tomó el camino opuesto: el gobierno que administró hasta diciembre de 2023, fue servil a los intereses de las empresas cuya meta es extraer de los salares y salinas de la puna de esa provincia norteña los minerales de la transición energética.
(1) Links de los artículos en el portal minero: