La Gremial de Abogados y Abogadas, emitió un comunicado advirtiendo que «la causa trucha y armada contra la Comunidad Winkul fue siempre un juicio político, con el solo objeto de desalojar a la comunidad de territorio sagrado»
Pasado el mediodía de este lunes 26 de Mayo, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Alejandro Adrán Silva, condenó «por usurpación» con prisión en suspenso a seis integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu y les impuso una serie de obligaciones.

En el año 2017 el entonces presidente Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich arrasaron la comunidad y «junto al juez federal y la fiscal asesinaron a Rafa Nahuel (25 de noviembre) e hirieron por la espalda a Gonzalo Coña y Johana Colhuan. Pero no pudieron desalojar el territorio sagrado», señaló La Gremial.
A la vez indicó que a principios del gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Fernandez «hubo intentos serios y concretos por parte de la Ministra de Seguridad Sabina Federic y su equipo para evitar represión, sangre, sacrificios y pérdidas de libertades y la Gremial colaboró y puso el hombro a esas gestiones. Pero el propio gobierno terminó cediendo a los sectores supremacistas y, tras la salida de esos funcionarios, avanzó con la represión y la criminalización».
En el 2022, entonces, » Aníbal Fernández, ministro de “seguridad”, y las tropas federales, con la cobertura del ministerio público fiscal y el Poder Judicial de la Nación, volvieron a arrasar Winkul. Trucharon una causa con la complicidad absoluta del Fuero Federal en su totalidad, tanto de Bariloche como a nivel nacional. Jueces y fiscales conservadores o directamente reaccionarios y sus colegas progresistas fallaron siempre igual: en contra de las comunidades», afirmó.

Las mujeres mapuche detenidas ilegalmente, cautivas, fueron trasladadas encadenadas a más de dos mil kilómetros, «sufrieron vejaciones a su pudor y todo tipo de abusos, partos en cautiverio, meses y meses de prisión, etc. El Gobierno anterior “se la dejó picando” a Milei, Bullrich y los racistas de Bariloche. Les prepararon el camino. Hicieron la mayor parte del trabajo sucio», señaló.
«El resultado era más que cantado: Jueces, fiscales y querellas con la ideología del racismo y bancando los intereses de los latifundistas y las grandes empresas fueron llevando el proceso judicial a este final anunciado. Cómo dijimos y reiteramos: las sentencias contra los pueblos originarios se firman en los despachos judiciales pero se redactan en otros lados», denunció La Gremial de Abogadas y Abogadas que tuvo a cargo la defensa de las y el integrantes de la Lafken Winkul Mapu.
A este respecto remarcaron que «LA SENTENCIA fue adversa para la Comunidad Winkul y para nosotros. 1) El Tribunal rechazó nuestro pedido de un imputabilidad de Betiana Coluhan por ser menor al momento de los hechos. 2) El Tribunal rechazó nuestro planteo de «non bis in idem» o sea que entendió que no se estaba juzgando dos veces el mismo delito».
Comunicado completo de La Gremial https://www.facebook.com/share/p/16GrUcMVZ5/
El juez Silva resolvió: «NO HACER LUGAR al pedido de sobreseimiento por falta de acción de Betiana Ayelén Colhuan, solicitado por las defensas» y «NO HACER LUGAR al planteo de extinción de la acción penal por violación de la garantía de doble persecución penal por el mismo hecho («non bis in idem») solicitado por las defensas».
La desición del juez fue condenar a todas las personas acusadas: A la Machi Betiana Colhuan a 2 años y 2 meses de prisión en suspenso; a Luciana Jaramillo a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso; a Celeste Güenumil a 1 año de prisión en suspenso; a Romina Rosas a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso; a Yessica Bonefoi a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y a Matías Santana a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, que unificada con una pena anterior de un año por «atentado y resistencia a la autoridad» se unificó en 3 años de prisión en suspenso, procediendo a su libertad.
Asimismo se condenó a todos a las siguientes medidas: 1) pago de costas a los abogados de las querellas. 2) trabajos comunitarios a cada uno, por el tiempo de sus condenas en la mayoría de los casos. 3) prohibición de acercarse a los lotes de terrenos de los supuestos vecinos racistas (que viven en Bs. As.).
Respecto del Rewe, se dispuso mantener la situación actual de su conservación en el lugar y su custodia a cargo de Parques Nacionales. En relación con su remoción se estableció que ello debía resolverse en otro incidente judicial que tramita en Bariloche, tal como había sostenido La Gremial en distintas presentaciones judiciales.
En definitiva, por ahora seguirán en libertad hasta tanto quede firme la sentencia y una eventual unificación que pueda producirse con la anterior sentencia condenatoria que pesa contra algunas integrantes de la Comunidad hoy vueltas a condenar; condena anterior que tampoco está firme. Por ahora nada debe pagarse porque todo está recurrido y absolutamente todos quedan en libertad completa.