El pasado 11 de noviembre, Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que se deliberó esta mañana en Nueva York.
Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
Asimismo, la resolución negada por el Gobierno de Javier Milei establece que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.
De igual manera, reconoce que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos, los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, así como tienen derecho a la libre determinación.
Qué dice el documento de la ONU que rechazó Argentina
La resolución remarca la importancia de promover y cumplir los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a partir de la cooperación internacional para apoyar los esfuerzos realizados en el plano local y regional. Destaca además el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, señala en uno de sus párrafos.
A su vez, el texto expresa una “profunda preocupación por el aumento de la discriminación, el discurso de odio, la estigmatización, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” y condena “amenazas, hostigamiento, represalias y asesinato de miembros de los Pueblos Indígenas, en particular mujeres y niñas, y personas con discapacidad, a menudo con impunidad, así como de invasiones de tierras, desalojos forzosos arbitrarios y otras prácticas abusivas”.
Por último, el documento de la ONU agrega: “Mostramos también preocupación por la práctica de algunos países, incluidos los que celebran reuniones sobre cuestiones indígenas, de demorar o denegar de forma intencionada o discriminatoria visados de entrada a titulares de mandatos de las Naciones Unidas o representantes de los pueblos indígenas, o de aplicarles restricciones de viaje adicionales que interfieren, entre otras cosas, con su capacidad para participar en esas reuniones o para regresar de ellas”.