La Sala III de la Cรกmara Federal de Casaciรณn Penal ratificรณ la condena a cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) acusados por el asesinato de Rafael Nahuel, ejecutado durante la represiรณn del 25 de noviembre de 2017. El joven mapuche de 22 aรฑos recibiรณ un balazo por la espalda disparado por un prefecto, en la zona del Lago Mascardi, al sur de Bariloche.
El fallo de la Casaciรณn ordenรณ al Tribunal de General Roca que gradรบe las penas que deben purgar los homicidas Sergio Cavรญa, Francisco Javier Pinto, Juan Obregรณn, Carlos Sosa y Sergio Garcรญa, al reafirmar que รฉstos ยซcometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legรญtima defensaยป.
Si bien fueron seรฑalados los Albatros como responsables materiales del asesinato de Rafita y de herir gravemente a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coรฑa, Patricia Bullrich que en ese momento estaba a cargo del ministerio de Seguridad no fue alcanzada por esta sentencia.
La Cรกmara de Casaciรณn tambiรฉn ordenรณ al tribunal de origen fijar las penas correspondientes para los cinco prefectos condenados, quienes fueron ademรกs inhabilitados para ejercer cargos pรบblicos.
Si bien todos recibieron la pena mรกxima prevista para este tipo de delito, ninguna de las condenas superรณ los 5 aรฑos y 8 meses de prisiรณn, ya que ese es el lรญmite contemplado cuando se trata del delito en cuestiรณn.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que es querellante en la causa y ha acompaรฑado en todo momento a los padres de Rafael Nahuel, afirmaron a travรฉs de un comunicado que el fallo de la Cรกmara ยซdesmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acciรณn represiva del grupo Albatrosยป.
A su vez, remarcaron que la sentencia no alcanzรณ a las autoridades polรญticas que estuvieron involucradas en el hecho con final trรกgico. ยซTal es el caso de la por entonces y tambiรฉn hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurรญdico vigente, a sabiendas de que son ellos รบnicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sรณlo quien cumple รณrdenes inmorales e ilegales, sino tambiรฉn quien las ordenaยป.