La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) acusados por el asesinato de Rafael Nahuel, ejecutado durante la represión del 25 de noviembre de 2017. El joven mapuche de 22 años recibió un balazo por la espalda disparado por un prefecto, en la zona del Lago Mascardi, al sur de Bariloche.
El fallo de la Casación ordenó al Tribunal de General Roca que gradúe las penas que deben purgar los homicidas Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, al reafirmar que éstos «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa».
Si bien fueron señalados los Albatros como responsables materiales del asesinato de Rafita y de herir gravemente a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña, Patricia Bullrich que en ese momento estaba a cargo del ministerio de Seguridad no fue alcanzada por esta sentencia.
La Cámara de Casación también ordenó al tribunal de origen fijar las penas correspondientes para los cinco prefectos condenados, quienes fueron además inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Si bien todos recibieron la pena máxima prevista para este tipo de delito, ninguna de las condenas superó los 5 años y 8 meses de prisión, ya que ese es el límite contemplado cuando se trata del delito en cuestión.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que es querellante en la causa y ha acompañado en todo momento a los padres de Rafael Nahuel, afirmaron a través de un comunicado que el fallo de la Cámara «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del grupo Albatros».
A su vez, remarcaron que la sentencia no alcanzó a las autoridades políticas que estuvieron involucradas en el hecho con final trágico. «Tal es el caso de la por entonces y también hoy ministra de Seguridad, quien desde su cargo sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales, sino también quien las ordena».