El congreso hoy esta vallado, con efectivos de policía y gendarmería mientras los senadores dieron quorum esta mañana para el tratamiento del proyecto de Ley de Bases y el paleativo fiscal. Los pueblos indígenas se manifiestan en contra del proyecto de Ley de Bases, también marcharon en distintos puntos del pais. En Buenos Aires, desde la mañana la manifestación fue multitudinaria de gremios, ciudadanos. El dispositivo de seguridad fue muy violento.
La policía buscó replegar a los manifestantes, sin garantizar la seguridad, sino imponiendo la violencia. Los pueblos indígenas expresan que ésta ley va contra los derechos de pueblos indígenas en sus territorios. Hoy la policía reprimió con gases lacrimógenos y continúa persiguiendo a los manifestantes para que no lleguen a la Plaza de Mayo.
Raúl Sajama vicepresidente de la Comunidad de Angosto El Perchel, pueblo coya de la provincia de Jujuy expresa que por ejemplo en el artículo 163 del proyecto de ley de bases es “es muy grave y es muy peligroso para la existencia de los pueblos indígenas. Por cuanto así como está redactado, significa que cuando nosotros salgamos a expresar nuestro rechazo a los actos de gobierno que haga tanto la provincia o la nación que impliquen el despojo del territorio”. Remarcando que la justicia federal, no hará valer derechos indígenas, ni el convenio 169 de la OIT que habla de la Consulta, consentimiento libre previo e informado CLPI.
Sajama además, expresa que los pueblos corren peligro de perder sus territorios con esta ley de bases y el artículo 163 expresa que “ya cuando está aprobada la ley, y el ejemplo lo hacemos así, viene el europeo con sus cuarenta camiones a las Salinas, y si está entrando en la ruta 52. Y aparecen las comunidades a decirle, no, que tiene que hacer la consulta, que no puede pasar, etcétera defendiendo el territorio. Entonces el artículo 163 dice que toda vía de hecho, casualmente éste acto de defender el territorio, es una vía de hecho. La ley que se está queriendo aprobar en el congreso, dice que la justicia deberá impedir, ese acto de defensa – de las comunidades- porque sería negarle al empresario que ya puso los doscientos millones a que entre. Y ¿Qué va a hacer la justicia? Vendrá la gendarmería y a todos los meterá presos”.
También instó al congreso de la nación que no apruebe este proyecto de ley, que es un planteo de las más de cuatrocientas comunidades indígenas de Jujuy, agregando que “no nos asombremos que el gobierno pasa por encima el convenio 169”
Por su parte Orlando Carriqueo miembro de la Confederación Federal del Pueblo Mapuche de Río Negro, expreso que es gravísima la situación que están viviendo los pueblos indígenas en Argentina “Eso es gravísimo, ya el decreto que está vigente, es anti democrático. Plantea la facultad al ejecutivo a legislar, algo que está prohibido, que no respeta la república, la división de poderes. Que pasa por encima de las garantías constitucionales. Es grave porque plantea la ley es modificar puntos básicos de la constitución. Es decir una asamblea constitucional se lleva adelante y se producen violaciones a las garantías constitucionales. Sobre todo en los pueblos indígenas, porque ahí donde está el mayor recurso que quieren explotar. Los mejores territorios que nos quedaron después de la Campaña al Desierto y la colonización. Nos mandaron a los piedreros, a los lugares más difíciles de vivir, y ahí los pueblos indígenas nos volvimos buscar la mejor manera de estar en el territorio y hoy van por eso también”.
Los trabajadores de la economía popular, pueden perder el monotributo social. Como así también habilita al estado nacional a ampliar las privatizaciones de empresas estatales y a despedir masivamente a empleados estatales. Los trabajadores volverán a pagar impuestos al salario.
Pero por otro lado hay beneficios para las grandes empresas multinacionales, pueden blanquear su capital, aun cuando hayan realizado evasión impositiva. Se habilita la explotación de recursos mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones habilita a las grandes empresas que inviertan más de 200 millones de dólares, a que puedan instalarse por treinta años, contratar empleados fuera del país, importar materiales de insumo para sus emprendimientos, posibilidades para no pagar impuestos. Una clara entrega de la soberanía nacional.